Procuradores y Fiscales de las distintas jurisdicciones provinciales, entre ellos el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, advirtieron sobre la alarmante situación y reclamaron “una política de Estado que opere de manera conjunta y coordinada entre los estados provinciales y la Nación”.

En un comunicado conjunto, los funcionarios se mostraron preocupados por “la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico”.

Remarcaron la necesidad de una “política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro país”.

“Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente”, señalaron.

Añadieron también: ”No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal”.

En ese contexto, consideraron “necesaria y urgente” la adopción de “medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”.

Es preocupación de la Procuración General de la provincia de Salta en consonancia con el resto de los Procuradores, la replica de este flagelo en todo el territorio nacional. De esta manera, pusieron a disposición “toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar”. A su vez, propusieron que, “desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo”.

En la misma línea, los funcionarios provinciales expresaron un “incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional”.

“Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos”, concluye el comunicado.

Además de la firma del procurador general de Salta Pedro García Castiella, se encuentra la del procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y del fiscal general Jorge Baclini, junto a la de sus pares de las distintas provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Neuquén.

El comunicado completo:

Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, individualizados al pie del comunicado, profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma, manifestamos:

1- Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente.

2- No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal.

3-El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad.

4-Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática.

5-Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo.

6-Por último, manifestamos nuestro incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional.

7- Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos.