Piden juicio para las hermanas Maigua por más de 180 estafas a través de su agencia

La fiscal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa contra Ana Inés Maigua y Carlota Maigua, imputadas por el delito de estafas reiteradas (181 hechos), en concurso real.

La intervención de UDEC inició a partir de denuncias presentadas por diversas personas que afirmaron haber sido víctimas de fraude en la adquisición de paquetes turísticos al exterior.

Tras llevar adelante una exhaustiva investigación, la fiscal Salinas Odorisio considera que las hermanas Ana Inés y María Carlota Maigua, titulares de la agencia «Siddartha Viajes», mediante un ardid basado en su supuesta trayectoria en el rubro turístico, ofrecían paquetes internacionales —a destinos como México, Dubai, Miami o Egipto— que jamás cumplían.

Según consta en el expediente, los pagos se realizaban mediante transferencias, tarjetas o efectivo, mientras que los clientes recibían documentación apócrifa, que incluía reservas inexistentes y facturas fraudulentas.

La maniobra quedó al descubierto con la declaración de proveedores mayoristas y un informe contable que revela que, de los más de $979 millones ingresados por las hermanas Maigua, $148 millones y más de USD 460 mil provinieron de damnificados cuyas prestaciones nunca se concretaron. Además, unos $320 millones fueron desviados a actividades ajenas al sector turístico y los viajes ofrecidos ni siquiera fueron contratados con proveedores.

Simultáneamente al proceso penal, María Carlota Maigua solicitó un concurso preventivo, el cual fue rechazado por el Juzgado de Concursos y Quiebras N.º1. El tribunal consideró que no existía actividad comercial vigente, no se comprobaban ingresos, y no se presentaba ninguna propuesta de pago a los acreedores.

La Fiscalía sostiene que las acusadas actuaron desde el inicio con la intención de no cumplir con los servicios ofrecidos, simulando operaciones para obtener un beneficio económico indebido a costa de los damnificados. La acusación se respalda en una abrumadora cantidad de pruebas secuestradas durante los allanamientos, entre ellas cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y material publicitario.