Guadalupe Montero
Con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno dejará sin funciones a más de 5100 empleados públicos. Forma parte de la reestructuración de los organismos viales de la secretaría de Transporte que impulsó el Ejecutivo para centralizar las dependencias.
La Casa Rosada pasará a disponibilidad a toda la planta de trabajadores que depende del organismo y tiene previsto reubicarlos en parte en las áreas de Economía que absorban la gestión de los 40.000 kilómetros de Vialidad y en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La mesa técnica de Balcarce 50 asegura que los empleados contarán con un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que podrán ser capacitados para otras tareas, además de realizar servicios tercerizados del Estado. “Estamos evaluando la cantidad de empleados que van a necesitar las nuevas dependencias”, aseguran en el oficialismo.
Los trabajadores que Nación defina no reubicar contarán con una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base el sueldo más alto del último año. El capítulo de Empleo Público de la Ley Bases habilita también transferencias de agentes a provincias y municipios.
