Guadalupe Montero
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó judicialmente al Gobierno nacional para que deje sin efecto una resolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que modifica de manera sustancial el funcionamiento del Programa de Metrología Legal, un área estratégica encargada del control y regulación de instrumentos de uso cotidiano como surtidores de combustibles, balanzas comerciales y equipos médicos.
La presentación del sindicato apunta contra la Resolución 213/25, recientemente publicada, que elimina funciones centrales del programa y, según ATE, encubre un proceso de vaciamiento con vistas a una eventual privatización. Desde el gremio sostienen que la medida impacta de lleno sobre las tareas de control y fiscalización que ejerce el Estado a través del INTI.
“El Gobierno avanza sobre una de las áreas más sensibles del Instituto”, denunció el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien remarcó que la decisión no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que también compromete la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, advirtió que la eliminación de los controles oficiales podría derivar en irregularidades en mediciones básicas del comercio y los servicios.
