Ley Penal Juvenil y la falta de infraestructura

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó que buscará la destitución de la jueza Laura de Marinis, quien había sobreseído a un adolescente de 14 años en una causa por intento de robo y declaró -para ese caso en concreto- la inconstitucionalidad de la baja de la edad de imputabilidad.Así lo aseguró el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien calificó la decisión judicial como un desastre que genera enojo. "Hicimos un pedido de enjuiciamiento a esta jueza para que un jurado que conforma el Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe si la jueza cumplió o no la norma, y si no la cumplió que tenga consecuencias, en este caso desde apercibimiento, suspensión, o destitución", afirmó en diálogo con radio Splendid.

La Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó el fallo de De Marinis. "Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso", fue el duro mensaje de Jorge Macri.

En diálogo con Luis Gordo Puló, Cecilia Torres y Macarena Guaimás, en Salta + Iva (por Ergo Stream), el abogado Facundo Cisneros, explicó qué hay detrás de estos fallos y por qué el nuevo régimen penal juvenil, que va de los 14 a los 17 años inclusive, difiere con la realidad.

“Hubieron dos juezas, una de Ciudad de Buenos Aires y otra de la Provincia de Buenos Aires. La primera, que es la jueza Pascual, había suspendido la aplicación del régimen penal juvenil para la provincia de Buenos Aires, porque habían presentado un Habeas Corpus y ella decidió que por la falta de infraestructura, la falta de establecimiento, la falta de personal y de especialización, no correspondía que se aplique la norma”, detalló.

Según el especialista, el problema es estructural: “Una cosa es lo que la norma puede imponer y otra cosa es lo materialmente factible. La ley puede poner muchas obligaciones, muchos requisitos, muchos seguimientos para los menores, pero después la cuestión es que eso se traslade a la realidad, que haya gente para que lo lleve a cabo”.Cisneros puso como ejemplo lo que ocurre en Salta: “Uno tiene lo que se llaman las oficinas de profesionales, en las cuales tenés asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, etcétera, y ellos reciben pedidos de los juzgados penales de menores, de familia, de los juzgados civiles. Al tener poco personal, el turno te lo van a dar de acá a un mes, dos meses, para recién hacer una pericia psicológica. Entonces falta infraestructura, edificios, establecimientos donde estén los menores y también personal. Al bajar la edad de punibilidad de 16 a 14, se te va a acrecentar el número”.

De hecho, señaló que en Salta “todavía no entró ningún caso de un menor de 14” desde la entrada en vigencia.El abogado fue crítico con la forma en que se sancionan las leyes sin prever su implementación: “Lo que pasó en este caso fue eso, pensar que la entrada en vigencia de la ley mágicamente te pondría tres instituciones de menores, te aumentaría el personal del juzgado, de las fiscalías o de los asistentes sociales para poder aplicar concretamente la ley”.

Y cerró con una reflexión sobre el trasfondo político y social: “El derecho penal tiene mucho esto del clamor social, del hecho de observar delitos en el cual participan menores. Aparece un político que promete bajar la edad de punibilidad, pero no te dice nada sobre lo otro, porque en la inversión de los establecimientos carcelarios o de alojamiento para menores no se invierte. No solo no se invierte, no se habla. Imaginate que un político venga y diga ‘yo voy a mejorar las cárceles o voy a hacer una nueva cárcel’, no es muy bien recibido, porque lo que espera la sociedad es que el delincuente esté preso”.

El debate queda abierto: la ley ya rige, pero su aplicación efectiva dependerá de si el Estado puede acompañarla con inversión, equipos interdisciplinarios y espacios adecuados. Sin eso, advirtió, la norma corre el riesgo de quedar en el papel.