Fernández confirmó el desplazamiento de los jueces que investigaron por corrupción a Cristina Kirchner

La medida fue publicada en el suplemento del Boletín Oficial a través de los decretos N° 750, 751 y 752 dictados por el Presidente Alberto Fernández. Allí se deja sin efecto las designaciones de estos magistrados, que se realizaron durante la gestión de Mauricio Macri y que son cuestionadas por el Gobierno. Aseguran, entre otras cuestiones, que no tuvieron el aval del Senado.

La expectativa ahora se centra en la Corte Suprema de Justicia que debe resolver un recurso de amparo presentado por los magistrados. Bruglia y Bertuzzi le habían exigido su “inmediata intervención" para frenar la sesión en el Senado pero el máximo tribunal respondió que no resolvería ahora la cuestión. Ya conocido el resultado del debate en la Cámara Alta, se espera que los magistrados se expidan al respecto.

 
No está claro si los jueces dejarán de manera automática su cargo o si se deberá esperar a la resolución del máximo tribunal.

 
Bruglia y Bertuzzi integran la Sala I de la Cámara Federal y Castelli es magistrado del TOF 7. El primero debería volver al TOF 4 y el segundo al TOF 1 de La Plata, pero ambos sostienen que esos puestos ya fueron ocupados. El tercero tendría que retornar al Tribunal Oral Criminal Federal 3 de San Martín.

Castelli insistió el miércoles por la noche con su reclamo ante la Corte y le pidió al máximo tribunal que se expida con “urgencia” en el caso. “Dicha circunstancia no hace más que comprobar, a mi juicio y una vez más, el peligro en la demora ya invocado que justifica largamente la urgencia de la intervención de ese Alto Tribunal en el recurso extraordinario por salto de instancia articulada contra la resolución dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 12″, escribió en el inicio de su presentación.

La oposición afirma que la medida busca “garantizar” la impunidad de Cristina Kirchner. Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de la exmandataria en la causa de los cuadernos de la corrupción y Castelli integra el tribunal oral que debe juzgar el caso.

El Gobierno cuestiona estos traslados al asegurar que no se cumplieron con criterios como el cambio de jurisdicción; mayor jerarquía en los cargos por ocupar; falta de competencia; pliegos sin el aval del Senado y las vacancias se tendrían que haber ocupado con la previa realización de concursos que no se llevaron adelante.

 
Por su parte los magistrados aseguran que el traslado se hizo con la normativa vigente y que una acordada de la Corte avaló que no debían ir al Senado.