Mientras los asentamientos ilegales y los casos de usurpación tuvieron un punto de inflexión a nivel nacional con los desalojos de Guernica y de la finca de la familia Etchevehere en Entre Ríos, en Salta se van sumando reclamos para que la Justicia adopte determinaciones en ese sentido.
Precisamente, este fin de semana largo en Cachi hubo intentos y avances sobre la propiedad privada de grupos que dicen representar a pueblos originarios, fomentados por la tendencia usurpadora de sectores políticos que cuentan con el respaldo del Gobierno nacional.
En este marco, Luis “Gordo” Puló y José Ordóñez entrevistaron en Salta + Iva por FM Identidad 103.3 a Adriana Bonifacio, de la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes, analizó los enfrentamientos que se registraron este último fin de semana en el Valle Calchaquí entre usurpadores de tierras y sus propietarios.
En consecuencia, Bonifacio expresó que el conflicto afectó a la economía y la producción, “lamentablemente esto nos impide hacer inversiones para seguir trabajando en las tierras, tenemos muchísima preocupación, no solo los propietarios, sino también los lugareños de la zona que ahora lo están sufriendo por el tema de los relevamientos”.
Por otra parte, Bonifacio criticó las declaraciones del vocal diaguita y presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS-Salta), Héctor Fabián, realizadas durante una entrevista en Salta + Iva.
“Puntualmente como ayer escuchaba algunas declaraciones de Héctor Fabián alegando el tema de los relevamientos, esto a la población de Cachi y a los Valles Calchaquíes no está trayendo muchos problemas, sobre todo por el tema de turismo”, expresó Bonifacio.
“Un funcionario público no puede instigar a la violencia porque es claramente lo que declaró; acá es el derecho a la propiedad privada y la integridad de la gente que es lo que hay que amparar, remarcó a Salta + Iva y agregó que, “lamentablemente, yo creo que se deben tomar todas las medidas que corresponden, un funcionario no puede estar haciendo esas declaraciones, sobre todo sabiendo y conociendo que en Cachi es uno de los principales lugares de estas seudos-comunidades originarias, al igual que Miguel Plaza que representa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.
Por último, Bonifacio opinó que los relevamientos son totalmente arbitrarios porque no se constató que cada finca está ocupada por su propio dueño, y en algunos casos tienen arrenderos o pastajeros que reconocen la propiedad en el dueño”.
