Deuda: el Gobierno tiene todo cocinado para extender el plazo de la negociación

A tono con lo adelantado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobierno se encuentra elaborando una resolución para extender el plazo de la negociación de la deuda externa, según señalaron a Ámbito fuentes del mercado. En paralelo, deberá hacer una presentación ante la Security and Exchange Comisión (la Comisión de Valores de los Estados Unidos) planteando la extensión de las negociaciones.
 
Se considera que la nueva fecha importante a tener en cuenta es el 30 de junio, en función de próximos vencimientos de los títulos. Asimismo, en la Casa Rosada trascendió que el presidente Alberto Fernández ya ha tomado la decisión de no pagar los u$s503 millones correspondientes a bonos globales que vencen el próximo viernes.
 
Mientras tanto siguen de manera intensas las discusiones con los bonistas en un contexto en el que “tienden a acercarse las puntas”, según fuentes oficiales.

En este marco, el Gobierno recibió dos buenas noticias del exterior. Una se refiere a versiones que circularon en los mercados internacionales en cuanto a que el fondo Black Rock –uno de los principales acreedores del país - estaría dispuesto a bajar a entre 50 y 55 centavos por cada dólar la oferta de reestructuración de deuda hecha a Argentina. La versión no pudo ser confirmada en fuentes oficiales. En su oferta anterior este fondo había solicitado u$s60.

La segunda buena noticia fue el nombramiento de Carmen Reinhart en el cargo de vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial. Cabe señalar que ésta reconocida economista decidió firmar, junto con otros profesionales, una carta de adhesión a la política de renegociación de la deuda argentina durante su proceso de nominación al Banco Mundial.

Impulsado por Joseph Stiglitz, premio Nobel y mentor del ministro Guzmán, más de 150 académicos firmaron a comienzos del presente mes, un documento en apoyo a la propuesta de canje que lanzó el gobierno argentino y solicitaron de "una solución responsable" a la reestructuración de la deuda local que siente "un precedente positivo" para el sistema financiero internacional en su conjunto.

El Banco Mundial es una de las organizaciones multilaterales fundamentales en materia crediticia aunque, cabe señalar, que trabaja en tándem con el Fondo Monetario Internacional, aunque si un país tiene problemas con el Fondo puede verse limitados los préstamos del Banco Mundial.

En declaraciones efectuadas el martes pasado en una videoconferencia organizada por la AmCham, el titular del Palacio de Hacienda consideró que ya es “anecdótica” la fecha límite del 22 de mayo venidero establecida por el Gobierno para cerrar las negociaciones con los bonistas. Así lo consideró al señalar que se estaban llevando a cabo “valiosas” conversaciones con los acreedores orientadas a lograr una reestructuración sustentable de la deuda.

Si bien la decisión de no pagar los bonos globales llevará a que la Argentina caiga en default, en medios oficiales se considera que este evento no tendrá mayores implicancias. Explican que, con las conversaciones en marcha y una resolución favorable a la vista, difícilmente vayan a prosperar demandas en contra del país en los tribunales de Nueva York.

Si bien u$s500 millones que se dejarían de pagar puede parecer una cifra menor en el contexto de los u$s65.000 millones que está renegociando el país, no lo es tanto cuando se comparan con los cerca de u$s11.000 millones que el Banco Central de la República Argentina tendría en reservas líquidas, según trascendidos del mercado.

Pero el no pago también sería una posición de fuerza de la Argentina en momentos en que todavía no se ha llegado a un acuerdo, aunque las negociaciones parecen “encaminadas”, según coinciden tanto fuentes oficiales como de los fondos de inversión.

El plazo que realmente importa ahora es el 30 de junio venidero (sin contar los 30 días de gracia que también se activarían en dicha fecha), según sostienen los analistas. Sucede que en esa fecha vencen cupones de los bonos del canje de los años 2005 y 2010. Estos títulos tienen condiciones de emisión más duras que los bonos emitidos durante la gestión anterior y se estima que podrían generar perjuicios al gobierno en caso incumplimiento.

Las negociaciones continúan tratando de encontrar un valor intermedio entre los 48 dólares que estaría dispuesto el Gobierno a aceptar (usando tasa de descuento de 10% anual) y los 58 dólares que en promedio pretenden los bonistas en sus tres presentaciones, tal como adelantó Ámbito.

Se especula con que para saldar esta diferencia será necesaria no sólo una resolución técnica, sino también una decisión política para alcanzar un punto que satisfaga a todas las partes y de esta manera evitar el default.