El Concejo Deliberante de Salta dio luz verde al programa de regulación e integración de barrios populares

En Salta, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) son 46 los barrios que aún están en situación irregular, por lo que surge la necesidad de un trabajo conjunto entre Municipio, Provincia y Nación para lograr la regularización.

Una de las funciones básicas del Programa será la de facilitar el acceso a los servicios públicos, planificar los espacios libres y públicos, identificar inmuebles que puedan ser expropiados, tramitar los recursos para la ejecución de obras y elaborar con vecinos un presupuesto participativo de obras.

La ordenanza busca además la creación de un mapa de prioridades, emergencia, situación habitacional, cantidad de habitantes y viabilidad de reubicar barrios populares.

"Durante muchos años, estos vecinos siempre pidieron la posibilidad de ser incluidos en el presupuesto para que se busque la forma de tener obras estructurales para servicios esenciales como el agua y luz y mejorar su calidad de vida", dijo.

"Esta ordenanza nos convierte en la primer ciudad de Argentina en legislar de la mano de la ley nacional de barrios populares (…) esta ordenanza le dice si a los barrios que necesitan la regularización dominial", agregó el edil.

Por su parte, la edil Laura García afirmó que los fondos para los barrios populares llegan de Nación a la Municipalidad. Apuntó además contra la funcionaria a cargo de las barriadas, María Eugenia Angulo, quien hasta el momento sólo presentó tres carpetas ante Nación de los barrios populares.

Puente Vélez Sarsfield

Laura García, vicepresidenta del Concejo Deliberante, cuestionó a la intendenta Bettina Romero por las obras que se realizan en el puente Vélez Sarsfield y lamentó que se haya destruido un patrimonio incalculable por su valor histórico.

La edil también señaló que la reparación que demanda el puente lleva hasta ahora 11 meses cuando estaba programada en 90 días. García manifestó que “27 millones y pico le costó a la Municipalidad destruir un puente de cien años. Un emblema cultural por la arquitectura de sus barandas suplantadas ahora por hierro. Es un puente de casi cien años con una obra arquitectónica como pocas en el país”. En este sentido, la legisladora capitalina se preguntó: “¿Acaso la municipalidad no tiene expertos?, ¿no consultaron a quienes saben cómo preservar este patrimonio?”.

Recordó que el pasado 22 de junio de este año la intendenta Bettina Romero aseguró que la Municipalidad trabaja en el refuerzo y valor histórico del puente y que las obras permitirán preservar su valor patrimonial; a lo que García disparó: “¿Cuál valor patrimonial? Si lo tiraron”.