El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió reforzar la seguridad de los jueces del tribunal oral federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También reforzarán la seguridad de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La decisión fue tomada luego de que se viralizaran una serie de mensajes en Twitter que llamaban a averiguar los domicilios de los jueces y fiscales para escracharlos.
Los jueces del tribunal oral federal que juzga a Cristina son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Al fiscal federal Diego Luciani ya le habían reforzado su custodia luego de que Página 12 publicara en su tapa una fotografía suya y de Giménez Uriburu jugando en el mismo equipo de fútbol en las canchas de la quinta Los Abrojos, perteneciente al expresidente Mauricio Macri.
Ese refuerzo en la custodia fue solicitado por la Procuración General de la Nación y estuvo fundada en la “mayor exposición mediática” que estaba teniendo el funcionario judicial. El objetivo fue evitar que algún militante kirchnerista pueda atentar contra el funcionario judicial y su familia.
Los jueces del tribunal oral federal tienen una custodia asignada desde 2015, cuando ocurrió la muerte del fiscal Alberto Nisman, que los acompaña en sus actividades laborales en Comodoro Py.
Ahora la Corte dispuso que la Cámara de Casación, que es la que tiene a su cargo las cuestiones atinentes a la organización de los tribunales orales, disponga que la Policía Federal refuerce esa custodia.
En las últimas horas empezaron a circular varios tuits pidiendo averiguar los domicilios de jueces y fiscales del juicio de Vialidad. Un mensaje del usuario @kike_MPD llamó la atención porque arrobaba a La Cámpora y aseguraba: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelotón de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.
El mensaje hacía alusión a una de las frases que utilizó la vicepresidenta ayer, cuando para referirse a los jueces y fiscales que realizan el juicio y a los periodistas que lo cubren tuiteó: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019".
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