La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que preside el legislador, Carlos Heller, emitirá este jueves el dictamen sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023. Dos de las incorporaciones más importantes y recientes, que serán tratadas la semana que viene, serán la de una “cláusula gatillo” y que los miembros del Poder Judicial en su totalidad comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias.

La propuesta que afectaría a los magistrados judiciales fue presentada por el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, este jueves y busca que se incorporen a aquellos jueces y empleados de la Justicia designados previo a 2017, ya que por ese entonces se había dictaminado una medida en el mismo sentido que, cautelares mediante, prácticamente no se pudo efectivizar.

“No me vengan con la independencia del Poder Judicial, todos los demás pagan y los jueces no pagan: es un privilegio inaceptable”, exclamó el legislador en la comisión y fue a los números.

Según explicó, la exención impositiva por Ganancias de los magistrados nacionales y provinciales implicó un costo fiscal de $ 55.000 millones en 2021 y se elevaría a $ 129.000 millones en 2022 mientras que el año que viene alcanzaría los $ 237.000 millones.

Por otra parte, el oficialismo aceptó el recurso de “clausula gatillo” que sugirió la oposición. Implica que en caso de que la recaudación por impuestos de parte del Estado sea mayor a la programada y/o deban reasignarse partidas, las ampliaciones deberán pasar por el Congreso con el objetivo de evitar discrecionalidad.

El debate por el Presupuesto 2023 comenzará el próximo martes y podría extenderse por más de 24 horas. El Frente de Todos buscará que está vez logre su aprobación y en ese marco, busca generar los concensos necesarios.

El número para el visto bueno son 129 votos por la afirmativa. El oficialismo cuenta con 117 propios y pretende conseguir al menos 15 manos más.

A raíz de ello, se espera la incorporación de cambios solicitados por los gobernadores sobre los subsidios para el transporte en las provincias, un nuevo mecanismo para el pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y otros pedidos de legisladores sobre universidades, manejo del fuego y programas sociales.