Guadalupe Montero
El Senado aprobó en general la reforma de la ley de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, luego de un debate que estuvo atravesado por las condiciones para disponer internaciones involuntarias, el financiamiento del sistema sanitario y el alcance de los cambios en la atención de pacientes con padecimientos mentales.
Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto establece que podrán indicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, siempre que no resulten posibles otros abordajes terapéuticos. La internación deberá ser considerada un recurso excepcional y evaluada por un equipo interdisciplinario.
El texto habilita a un médico, preferentemente especialista en psiquiatría, a disponer la internación. En situaciones de emergencia, podrá hacerlo un solo profesional, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. La reforma también contempla la posibilidad de recurrir a teleconsultas con especialistas en psiquiatría cuando sea necesario.
Otro de los cambios está vinculado con la intervención judicial. La nueva redacción establece que las internaciones deberán ser comunicadas a la Justicia, que podrá solicitar informes y peritajes e intervenir en el control de las medidas. El proyecto también exige que exista un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con pautas para organizar la salida de la institución y la continuidad de los cuidados.
La reforma amplía, además, el abordaje de las adicciones y permite incluir la ludopatía dentro de las problemáticas que requieren atención en salud mental. El objetivo es extender las herramientas de tratamiento a personas que atraviesan consumos problemáticos y otras conductas adictivas.
En materia de atención, el proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios y contempla dispositivos alternativos, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia. También incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes, que deberán recibir atención de equipos con formación infantojuvenil y permanecer separados de los adultos durante las internaciones, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.
