
Rectores rechazaron el veto al financiamiento universitario
Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, la UBA organizó una conferencia de prensa.
Los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, junto con la titular del PRO, Patricia Bullrich, denunciaron al Presidente y varios gobernadores en el marco de la causa por la Coparticipación.
Nacionales26 de diciembre de 2022El presidente Alberto Fernández y 19 gobernadores peronistas fueron denunciados penalmente por los delitos de “sedición” y “traición a la patria”. Esto se da en el marco del rechazo al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.
El escrito judicial fue presentado por la titular del PRO, Patricia Bullrich, y los diputados nacionales, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.
“Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria”, expresó Bullrich en sus redes sociales.
Una por una, las posturas de todos los gobernadores sobre el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación
Junto al mandatario fueron denunciados: los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutierrez y de Salta, Gustavo Saénz.
Según explicaron los denunciantes, “la sedición ha quedado configurada a nuestro entender al momento en el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios suscriptores del mismo, han dejado claro no solo que no se está de acuerdo con el fallo, algo que resulta comprensible frente a cualquier decisión judicial que se puede o no compartir, sino que no se está dispuesto a cumplir lo que la Corte ha ordenado, inclusive instigando a la desobediencia, cosa que resulta absolutamente inaceptable en un estado de derecho”.
E indicaron que “además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.
“El fallo no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias”, aclararon.
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