El gobierno de los Estados Unidos cuestionó este martes la decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de impulsar un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y llamó a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.

A través del Departamento de Estado, la administración de Joe Biden se sumó de esta manera a los cuestionamientos locales a la medida que ya fue enviada por el oficialismo al Congreso y que podría ser tratada en las próximas sesiones extraordinarias.

 
De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, las autoridades del país norteamericano están al tanto de la situación que se generó a partir del fallo del máximo tribunal que benefició a la Ciudad de buenos Aires en el marco de la disputa por los fondos de coparticipación, y que derivó en un conflicto con el mandatario nacional.

“Seguimos la situación institucional entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos necesario que todos los protagonistas institucionales de la Argentina respeten a la democracia y a la separación de poderes”, precisó un importante funcionario estadounidense vinculado a la Subsecretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken, recibe información de manera periódica de lo que ocurre en América Latina y en otras partes del mundo, por lo que el primero de enero pasado fue notificado de la decisión que había tomado Alberto Fernández.

Ese día, justo antes de abordar el avión que lo trasladó a Brasil para la asunción de Lula da Silva, el Presidente comunicó oficialmente que junto a un grupo de gobernadores solicitaría el juicio político del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad por los fondos de coparticipación.

“También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, agregó en un texto que firmó y compartió en las redes sociales el jefe de Estado, que de esa manera comenzó una disputa entre poderes.

En ese momento, el Departamento de Estado ya tenía una mirada crítica de lo que estaba pasando en Buenos Aires, la cual se acrecentó con algunas de las posteriores declaraciones del mandatario nacional y el reciente envío al Congreso del proyecto de juicio político anunciado semanas atrás.

Así, se tensionó más la relación bilateral con Estados Unidos, que siempre se mostró sorprendido con la visita que hizo Alberto Fernández a Moscú tres semanas antes de que iniciara la guerra con Ucrania, cuando la invasión ya era inminente.

Asimismo, también cayó mal en la Casa Blanca la reivindicación que hizo el Jefe de Estado argentino del Partido Comunista Chino cuando viajó a Pekín previo a los Juegos Olímpicos, y que luego se repitieron tras la reelección de Xi Jinping como su Secretario General.

Esto, sumado a la relación zigzagueante que desde norteamérica consideran que tiene Alberto Fernández respecto de los principales regímenes dictatoriales de la región, como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba, complican aún más la frustrada invitación del Presidente a Washington, que fue suspendida en julio pasado y por ahora no tiene fecha cierta.

La crítica de ahora por el juicio político contra la Corte se sumó a otras similares, como la de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que a través de un comunicado expresó su “preocupación” por la nueva embestida contra el Poder Judicial y calificó de “inadmisible” juzgar a los integrantes del Máximo Tribunal por sus sentencias.

Asimismo, un conjunto de organizaciones internacionales representativas de magistrados manifestaron su preocupación por este conflicto y, en distintos comunicados, reclamaron respetar la “la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.