El Gobierno dejó habilitada la venta libre de la llamada pastilla del día después, lo que significa que puede ser comercializada en las farmacias sin necesidad de receta médica. La decisión se da en el marco también de la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución que permite ampliar el acceso a la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE). Durante un encuentro enmarcado en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo, la funcionaria nacional firmó ambas resoluciones que refuerzan las políticas públicas sanitarias establecidas en la Ley Nacional 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, a la atención posaborto y a la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva.
Desde la cartera de Salud destacaron que la pastilla AHE constituye un respaldo de urgencia y seguro con más del 90% de efectividad si se toma durante las primeras 12 horas luego de una relación sexual sin protección, en la que falló el anticonceptivo, en la que se usó de modo inadecuado, si se salió o se rompió o luego de una violación.
Vizzotti consideró que estas resoluciones “no solo son un avance en el plano simbólico, sino que, además, son herramientas concretas para implementar las leyes en espacios donde surgen dificultades”. También resaltó el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) como un “actor fundamental para derribar barreras y garantizar derechos”.
Cambios en el protocolo de la interrupción voluntaria y legal del embarazo
“Tenemos un procedimiento actualizado y el equipo comprometido por lo que espero que el año que viene nos encuentre celebrando más derechos”, agregó la ministra respecto de la nueva edición del “Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)” para garantizar la calidad de las prácticas y la disponibilidad de los mejores estándares de atención en todo el país.
Se producen al menos cuatro cambios significativos en relación con las propuestas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales recomiendan que se elimine la criminalización del aborto y se aborde, en todos los casos, desde una política sanitaria.
También se reconoce que el personal médico de todas las especialidades pueda participar en el proceso de acceso a abortos seguros si tienen el entrenamiento adecuado y se proponen eliminar todos los requisitos que no resulten clínicamente necesarios para la seguridad de la práctica del aborto.
