Argentina podría duplicar sus exportaciones agroalimentarias

En un escenario global con restricciones comerciales cada vez más comunes, un análisis de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) reveló las pérdidas sufridas por la Argentina debido a las limitaciones impuestas por países del sudeste asiático a sus exportaciones agroalimentarias, como la carne vacuna y la harina de soja. Sin embargo, este estudio también señaló que es factible superar estas restricciones y, potencialmente, generar ingresos adicionales por un valor de U$S600 millones anuales para la economía nacional.

Según explican expertos de la FAUBA, las medidas no arancelarias implementadas por países como Indonesia, Malasia y Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) impactaron negativamente en las exportaciones argentinas de productos agroalimentarios.

El estudio destaca cómo, a lo largo de la historia del comercio internacional, la adopción de medidas no arancelarias fueron una estrategia común para proteger industrias locales y limitar la competencia extranjera.

Sin embargo, en un contexto de recomendaciones internacionales de reducir aranceles para fomentar el comercio global, estas medidas representan un desafío para países como Argentina, que dependen en gran medida de sus exportaciones agroalimentarias.

Según el investigador Luciano Cristofaro, casi el 60% de la población de Malasia consume carne halal, lo que llevó a la Argentina a presentar inquietudes comerciales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a las restricciones que esta certificación impone, estimadas en pérdidas de casi U$S90 millones anuales.

A su vez, el panorama se complica aún más con las restricciones de Indonesia que exige condiciones sanitarias incompatibles con las normas internacionales para la importación de carne vacuna argentina, lo que llevó a la suspensión de exportaciones por un valor superior a U$S200 millones al año.

Además, Vietnam, un importante comprador de harina de soja argentina, estableció exigencias en etiquetado y certificaciones que dificultan el acceso al mercado, ocasionando pérdidas estimadas en U$S300 millones anuales.