La justicia condenó al hombre a un año de prisión.
Policiales05 de noviembre de 2024
Guadalupe Montero
La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate en la que el juez Eduardo Sangari de la Sala 2 del Tribunal de Juicio condenó a un hombre a la pena de un año de prisión de ejecución condicional.
Durante el juicio, la fiscal Sodero Calvet presentó un conjunto de pruebas concluyentes que lograron acreditar la responsabilidad del imputado en el delito de abuso simple en perjuicio de una mujer hipoacúsica mayor de edad.
La intervención de la Fiscalía comenzó tras una denuncia presentada por la madre de la víctima, quien, en nombre de su hija, relató que un chofer de un colectivo de larga distancia había realizado tocamientos indebidos hacia ella. La joven, quien padece hipoacusia, utilizaba regularmente los servicios de transporte para trasladarse a Paraná, donde cursa la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina y se presenta a rendir exámenes cada mes. Estos viajes los efectuaba mediante pasajes otorgados por su condición de discapacidad, por lo cual los conductores estaban al tanto de su limitación auditiva.
En su declaración, realizada a través de Circuito Cerrado de Televisión, la víctima relató que en uno de estos viajes, el conductor del colectivo se acercó a su asiento, se sentó a su lado, la abrazó e intentó besarla, ignorando su rechazo explícito. Ante esta situación de incomodidad y acoso, la joven le pidió a una amiga, quien también es hipoacúsica, que la acompañara y se sentara junto a ella en los viajes posteriores para evitar cualquier otro incidente.
La Fiscalía investiga el hallazgo de una mujer sin vida en el asentamiento San Javier. La autopsia determinó la causa de su muerte.
La investigación inició por una denuncia anónima.
Por el hecho imputaron a un hombre mayor de edad.
El exintendente de San Lorenzo está acusado por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
En respuesta a una denuncia por maltrato animal, la Fiscalía había solicitado una medida preventiva contra el imputado, en atención a la protección de los animales y a la prevención de riesgos para terceros.
La justicia resolvió revocar la sentencia dictada en primera instancia contra Ernesto Fernando Gonza, quien había sido condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.
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