El Gobierno inició la auditoría y convocó a 300 mil beneficiarios de pensiones por invalidez para que se sometan a una evaluación médica

El Ministerio de Salud de la Nación envió ayer las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe, en el marco del proceso de auditoría de más de un millón de casos. La medida busca garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan.

Según las proyecciones del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la revisión de estas pensiones por invalidez permitirá un ahorro estimado del orden de los 900.000 millones de pesos este año.

 
En esta primera fase, los beneficiarios recibirán notificaciones para presentarse a una evaluación médica con un profesional de PAMI, donde deberán presentar la documentación requerida y someterse a los controles necesarios. Posteriormente, los especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes y emitirán los dictámenes que definirán la continuidad del beneficio.

La asistencia a estas citaciones es obligatoria, y la incomparecencia puede resultar en la suspensión de la pensión. Quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia con 24 horas de anticipación, enviando un correo a [email protected] o a través del chatbot TINA de WhatsApp (+54 11 3910-1010), con la documentación respaldatoria y copia del DNI.

 
El proceso de auditoría comenzó en 2024 tras detectarse irregularidades en la asignación de pensiones. Según datos oficiales, de 22.417 pensiones revisadas el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se identificó que 150 personas fallecidas y 212 presos seguían percibiendo la pensión, y en octubre se capturó a 14 prófugos de la justicia que cobraban este beneficio.

Para la implementación de este plan, el Gobierno firmó acuerdos específicos con ANDIS y PAMI para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos que permitan la baja de beneficios irregulares.

El proceso se desarrollará de manera escalonada y progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Se prevé que la auditoría de la totalidad de pensiones activas concluya en la primera mitad de 2025.

Antecedentes
Antes de poner en marcha esta auditoría masiva, el Gobierno realizó una primera investigación sumaria desde el 2 de enero hasta el 20 de enero. Se citaron un total de 1108 personas para ser auditadas. Pese a la debida notificación, de este total, 357 no se presentaron a la convocatoria; lo que representa un 31,6% de los citados.

Entre los 759 beneficiarios que sí acudieron al llamado, se detectó que 126 personas, lo que representa un 16,6% de los asistentes, no cumplían con los requisitos necesarios para recibir la pensión. Este hallazgo subraya la importancia de los controles periódicos para asegurar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, 16 casos, equivalentes al 2,1% de los presentes, quedaron pendientes de una verificación médica adicional, lo que indica que el proceso de auditoría aún no ha concluido para algunos beneficiarios.