Caso Compañía Privada: más de 400 personas damnificadas en alrededor de 12 millones de dólares

Una firma con cuantiosas denuncias por estafa en fideicomisos inmobiliarios. Más de 400 personas damnificadas en alrededor de 12 millones de dólares. Una investigación que transita su quinto año con una única imputada favorecida con medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Un concurso que devino en una quiebra rodeada de confusión patrimonial. El caso de María Mercedes Ibarra y la Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones acentúa la percepción ciudadana de una doble vara en la Justicia.

La investigación penal contra María Mercedes Ibarra y la Compañía de Desarrollos e Inversiones se abrió el 1 de diciembre de 2020, tras las denuncias de Luisa Gainza y María Eugenia Franco, quienes pusieron al Ministerio Público Fiscal de la Provincia en conocimiento de que habían confiado sus ahorros en dólares a una financista que se comprometió a devolverles el capital, con altos rendimientos, aparentando gran solvencia y un negocio serio, sin restituirles hasta hoy el dinero que originariamente le dieron.

Ante esas presentaciones, del 10 de septiembre y el 15 de octubre de 2019, la fiscal penal 2, Mónica Poma, planteó su incompetencia y derivó las actuaciones a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (Udec), a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio. En mayo de 2022, con nueve causas agregadas por estafa, defraudación por retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos de la citada empresa, se allanaron sus oficinas comerciales de Leguizamón 753 y dos propiedades en Castellanos y Villa San Lorenzo. En esos procedimientos se secuestraron divisas y otros elementos de prueba para la acusación penal.

Días después se dictó un decreto de ampliación de los cargos que pesaban contra Ibarra desde octubre de 2021 por las dos primeras denuncias, pero a diferencia de tantos otros imputados en parecida situación, o menos comprometida incluso, Ibarra no pasó un solo día entre rejas, porque ante un requerimiento de la fiscal Salinas Odorisio, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, le concedió tres medidas sustitutivas de la prisión preventiva: la obligación de presentarse cada 15 días ante la Udec para tener constatado su domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización y la prestación de una caución.

 
Con el tiempo se acumularon 18 denuncias conexas, que ampliaron la punta de un iceberg que hoy tiene al menos 400 acreedores afectados por un monto estimado en más de 12 millones de dólares, frente a una empresa que se presentó en concurso en agosto de 2022 y fue declarada en quiebra en septiembre de 2024. La confusión patrimonial en su cadena societaria es tan notoria que movió, a la par de una inhibición general y un desapoderamiento de los bienes de la fallida con miras a su incautación, hasta un exhorto a Uruguay entre otras medidas cautelares dispuestas en el fuero civil.

Así lo hizo notar el contador Juan Pablo López López, síndico designado en el concurso y con funciones ratificadas tras la declaración de la quiebra indirecta, en una ilustrativa testimonial que prestó el 2 de septiembre de 2024 en la causa penal que actualmente se tramita en la Unidad contra Robos y Hurtos (Unicroh), a cargo de la fiscal María Eugenia Guzmán, con la intervención de la jueza Puertas.

La operatoria de los fideicomisos inmobiliarios que constituyó desde 2016 la Compañia Privada de Desarrollo e Inversiones fue acompañada con la firma de mutuos de negocio en participación, por los cuales inversores damnificados aportaron ahorros, mayoritariamente en dólares, que la empresa gestora presidida por Mercedes Ibarra -quien actuada además como fiduciaría en los fideicomisos- se obligó a devolverles a los 24 meses, con atractivas utilidades pactadas en dinero o en metros cuadrados.

Abogados que representan a afectados ven en los incumplimientos contractuales, las anomalías contables y la distracción patrimonial de la Compañía Privada rasgos propios de una "estafa piramidal". En el tendal de damnificados no son pocos los que refieren a la fallida titular de la quebrada firma como "la Cositorto salteña".

Ante la presentación en concurso de la empresa -luego convertida en quiebra- y la falta de respuestas en las fiscalías penales, la mayoría de acreedores buscó a través de la verificación de créditos alguna solución. En esos procesos la jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades, Victoria Ambrosini de Coraita, mostró mucha más dedicación y firmeza que las magistradas del fuero penal.