Tremenda explosión de un colectivo de larga distancia en una Terminal de Salta
El hecho ocurrió mientras el colectivo se encontraba estacionado.
Ayer imputaron a una primera tanda de legisladores y funcionarios públicos que accedieron ilegalmente al ingreso familiar de emergencia (IFE), un subsidio para personas de extrema vulnerabilidad.
Policiales 26 de agosto de 2020Las imputaciones, formalizadas en una audiencia que se extendió por más de tres horas, fueron solicitadas por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, quien al presentar el caso expuso pruebas contundentes.
El beneficio estaba dirigido a personas con graves dificultades económicas por la pandemia, aquellas con ingresos precarios, monotributistas de baja categoría y empleadas domésticas, entre otras.
El mismo decreto, y las reglamentaciones posteriores pusieron la responsabilidad del pago de dicho beneficio, como del respectivo control en la Anses, organismo que, a su vez, dispuso en detalle quiénes serían los beneficiarios, los requisitos, y el medio de pago.
Toranzos indicó que la disposición del beneficio estaba claro; sin embargo, los acusados, lejos de cumplir con el juramento realizado al asumir en la función pública, se aprovecharon de este beneficio, el cual cobraron en muchos casos en dos ocasiones. Señaló que las pruebas dejaron en claro no solo los trámites que realizaron, sino el medio por el cual cobraron la ayuda, que significó un desprendimiento importante del Tesoro Nacional. En función de ello, Toranzos solicitó que los acusados sean imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario, como así también solicitó un embargo para cada uno de $100 mil.
A su turno, las defensas coincidieron en rechazar el monto del embargo, el cual consideraron excesivo, como así también solicitaron un plazo de investigación de 90 días, en vista de que muchos de los acusados reservaron su declaración para otra etapa del proceso.
Lista de imputados
1. Jesús Ernesto Cuéllar, concejal de Urundel.
2. Luis Carlos Coronel, concejal de El Carril.
3. Paola Sandra Cantarella, concejal Pichanal.
4. María Del Valle Torres, concejal de Rivadavia B. Norte.
5. Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta.
6. Gabriela Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas.
7. Franco Marcelo Córdoba, concejal de S. A. de los Cobres.
8. Melisa Mónica González, concejal de San Lorenzo.
9. Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
10. Marta Beatriz López, concejal de Orán.
12. Ricardo Alberto Díaz, concejal de Colonia Santa Rosa.
12. Nicolasa Maraz, concejal de Los Toldos.
13. Nancy Valeria Quiroga, concejal de Santa Victoria O.
14. Jimena Antonieta Ordóñez, concejal de Aguaray.
15. Javier Hector Chauqui, concejal de Angastaco.
16. Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal.
17. Héctor Rogelio Fernández, concejal de El Quebrachal.
18. Ninfa Noemí Rojas, concejal de El Quebrachal.
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