En una nueva propuesta de formación organizada en conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la Universidad Provincial de la Administración Pública, capacita actualmente a 1000 agentes de la administración pública sobre género y violencias en el marco de la Ley 27.499, “Ley Micaela”.
Opinión16 de septiembre de 2020
Luis “Gordo” Pulo y José Ordóñez, entrevistaron en Salta + Iva por FM Identidad 103.3 a la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes, quien en la oportunidad resaltó que durante la primera edición del curso educativo el cupo establecido de 300 personas se agotó en menos de 12 horas.
Por ello, desde la Secretaria de Derechos Humanos junto con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la Universidad Provincial de Administración Pública definieron ampliar la capacitación y brindar la propuesta en esta segunda edición para un total de 1000 agentes del Ejecutivo Provincial.
“Actualmente, estamos capacitando en la ley Micaela vía online a 400 personas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta (diputadas, diputados, asesores, asesoras, y de la planta del personal permanente); y ya hemos capacitado a 3.000 integrantes de la fuerza de seguridad”, indicó Reyes durante la entrevista en Salta + Iva.
La capacitación incluye cinco módulos que están a cargo del equipo técnico del Observatorio de Violencia contras las Mujeres, la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad y el Área de las Mujeres de Desarrollo Social.
Cabe destacar que la ley Micaela surgió, a partir del femicidio de Micaela García en el año 2017, una joven que fue violada y asesinada en la localidad de Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes que se encontraba en libertad con- dicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos.
La ley establece la obligatoriedad de capacitarse en perspectiva de género con el objetivo de adquirir herramientas para el desarrollo personal y profesional de cada agente, tendiente a promover la equidad sin condicionamientos que limiten el ejercicio pleno de derechos.
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