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Ante esta situación el Gobierno intimó a empresas de insumos a que garanticen el abastecimiento.
Economía24 de noviembre de 2020El Gobierno intimó a las empresas que elaboran insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción. Advirtió que podría aplicar la ley de Abastecimiento si no regularizan la provisión de materiales antes del 31 de diciembre próximo.
La Secretaría de Comercio Interior publicó una resolución en la que advierte a las empresas que la medida se aplica “en el marco de la emergencia pública en materia económica, sanitaria y social”, y se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley 20.680 (de Abastecimiento).
El Gobierno tomó la medida luego de que constructoras denunciaran el desabastecimiento de materiales para continuar con normalidad su actividad. Esa norma establece desde multa a inhabilitaciones para ejercer la actividad, suspensión en los registros de proveedores del Estado y pérdida de beneficios fiscales o el acceso a créditos especiales, entre otras medidas.
El incremento de la demanda se vio reflejado en el índice Construya -que mide la actividad de las empresas más representativas del sector- que trepó 15,8% en octubre, respecto al mismo mes de 2019, y ya había tenido un alza interanual de 18,5% en septiembre.
La semana pasada, el presidente del Grupo Construya, Pedro Brandi, aseguró que la venta de materiales de construcción “está muy cerca de su récord histórico”. Entre otros indicadores de la actividad, Brandi destacó los resultados del Índice Construya de octubre, donde el despacho de materiales de la construcción se ubicó a sólo a 4,4% del récord histórico de noviembre de 2017.
Respecto al tema abastecimiento, Brandi señaló que “los problemas actuales se vinculan a que las fábricas y comercios agotaron sus existencias por la muy baja fabricación entre marzo y junio”, además de “las restricciones operativas actuales por cuestiones sanitarias que afectan significativamente la productividad de las fábricas y, en menor medida, demoras en el transporte por la implementación de protocolos”.
La actual situación de bajas existencias en comercios y fábricas en simultáneo con una alta demanda de materiales y menor productividad de las fábricas es lo que produce faltantes en algunos casos, explicó el titular de la asociación civil que agrupa a las principales empresas productoras de insumos para la construcción de la Argentina.
A través de la resolución 605/2020, publicada en un suplemento especial del Boletín Oficial, la Secretaría “requirió a las empresas que integran la cadena del sector de la construcción a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada”, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La resolución intima a las compañías a que “implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión” de los materiales con el objetivo de satisfacer la demanda que se incrementó en los últimos meses”.
Al fundamentar la medida, la Secretaría sostuvo que “responde a las necesidades que surgieron como consecuencia de la reactivación de la construcción y sus industrias proveedoras, a la preocupación existente en el sector privado para abastecer la demanda” y facilitar la recuperación del sector.
El organismo informó que “tras varias reuniones, inspecciones y requerimientos de información a las empresas del sector de la construcción, sobre retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales que no guardan relación con la situación actual de la cadena de valor”. “Además existen menores restricciones al tránsito y la tendiente optimización de los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales”, indicó.
Los insumos alcanzados por la medida son piedra, arena y arcilla; productos de madera, químicos, de plásticos para la construcción, pinturas y barnices, vidrios, cerámica, sanitarios, cemento, cal, yeso, productos de metales ferrosos y no ferrosos metálicos estructurales, y sus partes, y grifería, entre otros.
La vocera del Fondo elogió los resultados del plan de estabilización de Javier Milei.
La medida la dispuso la Superintendencia de Salud de la Nación, luego de que las compañías no respondieran a tiempo con documentación solicitada.
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