
La restricción está contenida en un decreto publicado en el Boletín Oficial. Incluye a la mayoría de las actividades, entre ellas la educación y el transporte.
Este miércoles expusieron 24 especialistas invitados en distintos áreas de la salud y el derecho, y el jueves hablarán los últimos 13 expositores.
Nacionales17 de diciembre de 2020Las comisiones de la Cámara de Senadores que analizan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo realizaron este miércoles la tercera ronda con exposiciones de especialistas y se preparan para firmar dictamen mañana, en un escenario de paridad y con varias incógnitas de cara a la sesión prevista para el próximo martes 29 de diciembre.
Las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud llevaron a cabo una nueva jornada de debate con 24 especialistas invitados en distintas áreas de la salud y el derecho. Y se prevé recibir este jueves a partir de las 9:30 horas a otros 13 expositores a modo de cierre.
Tras esa ronda, los senadores que integran las tres comisiones debatirán entre ellos y luego pasarán a la firma los dictámenes sobre el proyecto, que se prevé que sean dos: uno afirmativo de mayoría, dado que en el plenario hay más senadores “verdes” que “celestes” y otro de rechazo.
La idea es llevar el dictamen a votación el 29 de diciembre. A hoy el resultado es todavía impredecible porque el conteo de votos a favor y en contra del proyecto es muy parejo y el lote de los “indefinidos” que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado varía todo el tiempo en números y nombres.
Marino votó en contra en 2018 pero en esta oportunidad mantuvo reuniones con activistas “verdes” y “celestes” y señaló que todavía no definió su postura, aunque lo hará antes de la sesión.
También se abrió una incógnita sobre la rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos), que también votó en contra hace dos años pero afirmó que en esta oportunidad es “un proyecto totalmente distinto” y que definirá su postura próximamente.
Las voces a favor
Durante la reunión de este miércoles por la mañana los senadores escucharon, entre otros invitados, a Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, que defendió la legalización.
Tarragona indicó: “Considerando el precio del misoprostol al valor del precio de mercado -el más caro-, la diferencia es indiscutible: hoy estamos gastando mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal”.
Entre las voces a favor del proyecto también se destacó el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, quien insistió en que se trata de “un problema de salud pública”, al tiempo que remarcó: “El aborto no es la solución pero tampoco se pueden soslayar, minimizar y no atender las consecuencias del aborto clandestino”.
La médica especialista en ginecología Stella Maris Manzano, miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, sostuvo que “legalizar el aborto salva vidas de niñas que fueron embarazadas por violación y que triplican su riesgo de morir en el parto con respecto a las más grandes”.
Las opiniones en contra
En la vereda opuesta, la ginecóloga uruguaya María González Bernardi se refirió al funcionamiento del aborto legal en su país y aseguró que “en Uruguay el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto en Uruguay debería ser cero” pero, según dijo, esto no ocurrió y “tampoco se eliminó la clandestinidad”.
Evelyn Rodríguez, de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer, aseguró que “cuando son acompañadas, las mujeres que atraviesan un embarazo inesperado continúan con él” y agregó: “Por la razón que sea, el acompañamiento hace la diferencia entre la vida y la muerte. Consideramos que la vida de la mujer es valiosa y también la vida que está gestando”.
A su turno, la médica obstetra María de Urraza consideró que “esta ley tiene como objetivo promover el aborto genésico”, y concluyó: “Se busca además amedrentar a los médicos que nos resistimos a obrar en contra de nuestra conciencia”.
La restricción está contenida en un decreto publicado en el Boletín Oficial. Incluye a la mayoría de las actividades, entre ellas la educación y el transporte.
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