El kirchnerismo "duro" contra Martín Guzmán por desabastecimiento

Las imputaciones a empresas líderes de consumo masivo por desabastecimiento cayeron como una bomba en un sector del Gobierno. Los acusaciones cruzadas se dan en momentos en que hay negociaciones con ejecutivos para tratar de llegar al pacto de precios y salarios. 

Hay internas puertas adentro y un sector cree que detrás de estas medidas se esconde un fuerte malestar hacia el ministro de Economía Martín Guzmán de parte del kirchnerismo duro, como los integrante del Instituto Patria que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El enojo de los grupos más radicalizados del Frente de Todos pasaría por la posición del ministro con los empresarios y por las declaraciones del funcionario, que la semana pasada dijo en A dos voces que “no se puede continuar aumentando el ratio de subsidios a niveles que impliquen emisión monetaria”.

Según pudo saber TN.com.ar, todo esto se suma a los aplausos que recibió Guzmán después de la presentación que hizo ante los hombres de negocios en Casa Rosada. Entre los ejes de su discurso habló de “trabajar para construir reglas de juego que den previsibilidad a todos los sectores de la economía, como la industria, la economía del conocimiento y la energía”.

Las denuncias a las compañías

El Gobierno imputó a las principales firmas de consumo masivo por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”. La medida se dispuso después de una serie de operativos de fiscalización realizados por la Secretaría de Comercio Interior en los que se detectaron faltantes de algunos productos clave durante los últimos tres meses. Alcanzó a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.

Estas empresas deben hacer su descargo y después sigue el proceso administrativo “que puede derivar en multas u otras medidas”, señalaron a este medio desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entre otras cuestiones estas compañías deberán “acreditar de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y restablecer los niveles de stock registrados a noviembre 2020, así como arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.

La acusación se produjo después de un proceso que se inició al detectar faltantes en las góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia se hicieron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras. Esto derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre del año pasado y enero del corriente, comunicaron desde el ministerio liderado por Matías Kulfas.