Dos exgerentes del PAMI en Salta fueron condenados este lunes a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es por el cobro indebido en 2020 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda social repartida por el Gobierno en pandemia. La investigación, sin embargo, ahora también salpica a La Cámpora.

Es porque en el juicio dos de los tres acusados contaron que dejaban parte el 20 % de su sueldo para la agrupación encabezada a nivel nacional por el diputado Máximo Kirchner, a través de la intervención de un camporista ubicado al frente de la UDAI de la ANSES.

Los dos condenados son Viviana Fernández y Javier Eduardo Navarreta, ambos exgerentes del PAMI en las sucursales de Orán y Embarcación, respectivamente. Emilia Juárez, exgerenta del PAMI en El Carril, fue absuelta.

​Según informó El Tribuno "de las declaraciones de dos de los acusados se desprende que debían entregar el 20% de sus ingresos salariales a La Cámpora, retención que estaba a cargo de Marcos Vera, exdirector de la ANSES en Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y de Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta".

"Si bien la declaración no está vinculada directamente, el escándalo del IFE resulta un agravante sobre la sospecha siempre vigente del financiamiento de la mencionada agrupación política y los manejos de los fondos públicos", indica el periódico salteño y agrega que hay una investigación en curso sobre este aspecto en particular.

Las declaraciones judiciales

Viviana Fernández, una de las condenadas este lunes por el Tribunal Oral Federal 1, fue la primera en declarar.

"Cuando yo tengo el primer sueldo sabiendo que tenía que destinar el 20% al señor Marcos Vera que era el referente de La Cámpora provincial. Iba destinado supuestamente a aportes de la organización. Se entregaba este porcentaje tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido. Esto hacía que mi ingreso sea menor", sostuvo Fernández durante su testimonio.

Siempre según El Tribuno, Fernández explicó que padeció  necesidades hasta que cobró su primer sueldo, el 29 de abril de 2020: "Para mí todo esto era una incertidumbre muy grande, no tenía ingresos económicos y me costaba mucho", dijo.

Por su parte, Emilia Suárez -la gerente absuelta- declaró: "Yo recibí esta designación del PAMI que en realidad nunca fue para mí, fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora. No podía por el tema de los estudios y entonces, bueno, me lo ofrecieron a mí".

Continuó: "Había estado más relacionada con el tema de ser enfermera, tener conocimiento y haber trabajado con adultos mayores. La señora Verónica Molina y el señor Marcos Vera me pidieron que renuncie porque lamentablemente era una decisión de la organización, que a pesar de que no militaba ni nada me sacaban el 20% de mi sueldo todos los meses".

Finalmente, Javier Eduardo Navarreta -el segundo condenado- relató ante la Justicia que llevó adelante su tarea en la agencia de Embarcación y que el IFE le llegó de manera automática, pese a que ella no lo había gestionado.

"Explicó que habló con su contadora y que esta le dijo que sí le correspondía. Luego, cuando salió a la luz el escándalo, reconoció que estaba desinformado sobre el asunto y que presentó su renuncia al cargo, aunque sí aclaró que el dinero del aporte fue destinado a comedores comunitarios de la zona", concluyó El Tribuno.