Lejos de brindar una atención dedicada a las y los jubilados, en el PAMI de Salta se habrían preocupado más por acomodar a militantes kirchneristas y familiares. Esto es lo que saltó a la vista en medio del escándalo que se generó por la retención de fondos para financiar a La Cámpora.
La que está en la mira es la gerenta de la obra social en la provincia, Verónica Molina. Según reveló el periodista Ángel Mansilla, la funcionaria habría echado a parte del personal para darle un cargo a su hermana y otros allegados de la agrupación K.
En la estructura del organismo aparece Viviana Molina, hermana de la gerenta, como jefa del departamento jurídico. En ese puesto recibiría un -para nada despreciable- sueldo superior a los $49.000 mensuales.
