Vicentín: el Gobierno busca llegar a un acuerdo con directivos de la empresa, tras las protestas

El rechazo empresario, opositor y de una parte de la sociedad, sumado a la perspectiva de problemas jurídicos obligaron al Gobierno a repensar la idea de expropiar la empresa agroexportadora Vicentin. En el Poder Ejecutivo deslizaron que se dejó de hablar de una estatización y que solo se mantiene la idea de intervenir para solucionar el conflicto con los acreedores.

Pasaron poco más de 48 horas entre el anuncio oficial del presidente Alberto Fernández de avanzar en una intervención y posterior expropiación a través de una ley del Congreso, y la intención de poner "paños fríos" y buscar diálogo con la compañía.

El mismo lunes en que se presentó la iniciativa, el sector agropecuario se mostró dividido por la decisión. Algunas asociaciones rurales apoyaron la medida en vistas del beneficio que podrían tener los pequeños productores, que podrían así cobrar sus deudas de Vicentin. Otras entidades como la Sociedad Rural pusieron el grito en el cielo.

En el espectro político, Juntos por el Cambio reaccionó de inmediato con una declaración de rechazo al anuncio y advirtió que con medidas de este tipo el país "gira hacia Venezuela". El Gobierno, mientras tanto, defendía públicamente la intervención afirmando que se trataba de una decisión estratégica y de "soberanía alimentaria". 

 Los directivos de la empresa, ese lunes por la noche, difundieron un comunicado en el que afirmaron que la medida los "llena de incertidumbre y preocupación" y que se enteraron por los medios.

"Reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos", cerraron.

Al día siguiente, el martes, Alberto Fernández tuvo que salir a negar que la idea de la expropiación haya sido de Cristina Kirchner. "No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica que hablé con Kulfas, con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti y la senadora Anabel Fernández Sagasti, que se sumó porque tenía un proyecto de expropiación", afirmó.

Además dijo que la decisión que tomó fue "absolutamente excepcional por su naturaleza estratégica". "No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas", apuntó.

Horas después, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio realizaron una denuncia penal contra el Presidente. “El Poder Ejecutivo carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, señalaron en el escrito.

Ese día, por la noche, comenzaron las primeras manifestaciones en la provincia de Santa Fe contra la intervención. Principalmente en la localidad de Avellaneda, sede central de Vicentin. Un grupo, incluso, echó del hotel en el que se alojaba al subinterventor.

 Este miércoles, tras un mensaje más conciliador por parte de los directivos de la empresa, que aceptaron reunirse con los representantes del Poder Ejecutivo, los abogados de Vicentin tuvieron un encuentro con funcionarios interventores.

Al mismo tiempo se cocinaba en la Casa Rosada un encuentro entre Alberto Fernández y el CEO de la compañía Sergio Nardelli, que ya habían conversado por teléfono un día antes. Finalmente, esa reunión tendrá lugar este jueves.

En medio de nuevas manifestaciones en Santa Fe e incluso de un cacerolazo en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la idea de expropiación fue perdiendo fuerza en el Gobierno, según pudo saber TN.com.ar.

La "idea original" con la que el Poder Ejecutivo seguiría adelante es la intervención por 60 días para "ordenar" la situación financiera y las deudas con lo acreedores. El principal prestamista de Vicentin es el propio Estado a través del Banco Nación, a quien le debe poco más de $18.000 millones.