Una polémica inesperada se suscitó en las últimas horas entre la Casa Rosada y la provincia de Entre Ríos, que conduce Gustavo Bordet, por el apoyo al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que presentará mañana Alberto Fernández en el Congreso. Y es que el Gobierno difundió, de manera oficial, el documento con el pedido contra los integrantes del máximo tribunal por mal desempeño con la firma de 12 jefes provinciales, entre ellos, el mandatario entrerriano. Pero poco después, el propio gobernador, aliado del presidente, salió a despegarse, al decir que, si bien había escuchado sus argumentos, nunca había admitido acompañar la medida.

Menos de dos horas después de que la oficina de la Portavoz publicara el documento con los nombres de los gobernadores, desde la sede gobernación de la provincia avisaron que, al igual que otros tres caciques del PJ, no apoyaban la polémica determinación del presidente. Sobre los motivos, apenas estimaron que se había debido a “un error” del Gobierno, a raíz de que Bordet había participado del encuentro del presidente con los jefes provinciales, este mediodía.

En la Casa Rosada, en cambio, no admitieron una equivocación, y sostuvieron que Bordet sí aprobó que figurara su nombre. “Él habló con el Presidente antes de que empezara la reunión y le dijo que acompañaba, y estuvo presente toda la reunión por Zoom, donde se decidió la firma, y nunca dijo que no firmaba. Ahí quedaron que los que no estaban ahí la mandaban digital. Tampoco ahí dijo que él no”, dijeron en el entorno del primer mandatario.

Sin embargo, tras golpe político que representó la marcha atrás de Bordet, también surgieron dudas sobre el apoyo de gobernador de Chubut, Marcelo Arcioni, que se encuentra fuera del país en un viaje. Durante su licencia, el vicegobernador Ricardo Sastre participó virtualmente de la reunión encabezada por Alberto Fernández.

No obstante, según se pudo saber, Sastre tampoco firmó el pedido de juicio político. Si bien fuentes de la gobernación aseguraron que lo hará mañana, persisten las dudas debido a un conflicto que la provincia tiene pendiente en el máximo tribunal.

Con la quita de la firma de Bordet, la cantidad de mandatarios provinciales que apoyan son 11, lejos de la mayoría que había proclamado el Gobierno, si bien se trata de una proporción importante de referentes de los Ejecutivos peronistas del interior. La baja de Arcioni significaría un fuerte revés al objetivo de Alberto Fernández de mostrar un frente unificado con los gobernadores.

Además de la firma del presidente, aparecen al pie del documento los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Pero decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines y representantes del PJ en San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco los gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.

Incómodo, Bordet evitó dar explicaciones sobre su postura. Aliado del cordobés Juan Schiaretti, el único peronista que se posiciona como férreo opositor del gobierno nacional, y del santafecino Omar Perotti, que tampoco apoyó el pedido de juicio político, el entrerriano suele evitar asociarse con el Gobierno en los temas más polémicos, y resguarda las relaciones políticas en el interior del país y su imagen a nivel local.

De hecho, es uno de los jefes provinciales que decidió adelantar las elecciones este año para separarlas de las nacionales. Sin posibilidades de reelección, su espacio está amenazado por el avance de Juntos por el Cambio en las encuestas, con el liderazgo del ex ministro de Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.