Guadalupe Montero
El Gobierno dispuso a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial que los funcionarios responsables de distintas áreas podrán recibir unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de personal en sus respectivas dependencias. La medida generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro y movilización.
La normativa establece que las unidades retributivas adicionales se asignarán previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto.
Según fuentes oficiales, la disposición forma parte de la estrategia de racionalización del gasto público y busca incentivar la eficiencia en la administración de los recursos estatales. "Las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre esos objetivos está el ajuste", señalaron desde el Ejecutivo.
El gremio ATE manifestó su rechazo a la medida, considerándola "una decisión escandalosa" y denunció que se trata de "un incentivo económico para el despido de trabajadores". En este contexto, el sindicato ratificó una huelga sectorial con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
El anuncio se produce en un clima de tensión en la administración pública, dado que el 31 de marzo vencen aproximadamente 50.000 contratos laborales. ATE también exige la renovación automática de estos acuerdos y la reapertura de paritarias, señalando que los salarios han quedado rezagados frente a la inflación. Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no se pronunció sobre la normativa, aunque ya anunció su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril.
