Prado quedó detenido para evitar su fuga

La investigación se inició en abril pasado a partir de la denuncia de un empleado de esa obra, mientras que el 18 de mayo se iniciaron las imputaciones, que incluyen a diez acusados. Hasta ahora se logró la recuperación de 260 caños.

El exintendente fue detenido el martes a partir de un pedido del fiscal general, Eduardo José Villalba, quien avanzó con el planteo de la prisión preventiva en vista de que podría entorpecer una serie de medidas de pruebas aún pendientes.

 
Villalba, acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, sostuvo que, a medida que la investigación avanza, la situación de Prado se complica más y la expectativa de que reciba una condena con prisión efectiva aumentó notablemente, por lo que recomendó su detención a fin de evitar una posible fuga. También aludió a la necesidad de la medida a fin de recabar pruebas que se encuentran pendientes. Al referirse al peligro de fuga, Villalba explicó que de acuerdo a un informe de depósitos bancarios, Prado cuenta con un fuerte patrimonio que le permitiría solventar su fuga.

En el año 2018, cuando Prado era aún secretario de Medio Ambiente municipal, registraba un ingreso en su cuenta bancaria de 2.148.000 pesos. Al año siguiente, agregó 1.300.000 pesos, mientras que en este año, sus ingresos incrementaron aún más con otro aporte de 1.495.00 pesos, lo cual evidenciaría que Prado ya había comenzado a percibir dinero por la maniobra que luego puso en marcha en detrimento del Estado.

Atento a ello, y pese a los argumentos defensivos respecto a la conducta procesal de Prado en el marco de la investigación penal, el juez Montoya coincidió con el fiscal y dispuso la prisión preventiva.

Al referirse a las audiencias celebradas, Villalba destacó la labor de su equipo de auxiliares, como así también resaltó el aporte y profesionalidad de la Oficina Judicial de Orán en la coordinación de las audiencias.

Ampliación

El martes, la fiscalía presentó al juez Montoya la ampliación de la acusación penal en contra de Jorge Enrique Prado, su ex secretario de Hacienda Fredy Céspedes y el empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP S.A. por los delitos de robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado respecto a lo ocurrido en abril cuando se robaron 161 caños.

Villalba, al exponer la ampliación de la acusación, la centró en Prado y Alos, a quienes ubicó como los organizadores de "esta empresa criminal", la cual tenía como objetivo la sustracción de los caños del Gasoducto GNea para ser introducidos en el mercado negro de caños, todo ello con el único fin de beneficiarse económicamente a costa del Estado Nacional.