La ocupación de terrenos se venía multiplicando desde finales de 2019 pero la llegada de la pandemia del coronavirus intensificó aún más el fenómeno.
Se trata de las tomas de tierras, un problema de larga data en Argentina que recrudece cada vez que el país entra en una crisis económica, como la que vive hoy.
Las autoridades argentinas reconocen que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en diciembre pasado.
Los casos de usurpación en Guernica, en la finca de la familia Etchevehere en Entre Ríos y en Salta se van sumando reclamos para que la Justicia adopte determinaciones en ese sentido.
Cabe mencionar, que este fin de semana productores de los Valles Calchaquíes decidieron movilizarse, luego de las agresiones que sufrieron propietarios de tierras por parte de las supuestas comunidades indígenas que están usurpando tierras privadas en Cachi, La Poma, Cafayate y otros municipios de los Valles Calchaquíes.
En este marco, Luis “Gordo” Puló y José Ordóñez entrevistaron en Salta + Iva por FM Identidad 103.3 a la productora Florencia Wayar, contó que el conflicto por las tierras continúa, “no hay ninguna consigna que diga que estas tierras no son nuestras, vamos a seguir trabajando, hay mucha gente que vive de esto”, expresó preocupada.
Frente a esto, detalló que en la localidad de Cachi en esta época del año se siembre poroto, “por eso mismo esta gente irrumpió la finca, porque lo único que quieren es molestar- usurpar- adueñarse y no dejan trabajar a la gente en paz. Si nosotros no hacemos este trabajo se pierde la cosecha del año, lo cual se perjudica mucha familia”, advirtió Wayar.
La propietaria afirmó en Salta + Iva que los usurpadores dicen tener en la zona de Las Pailas 20 mil hectáreas y en la Poma 120 mil. “La ley nace para ver la situación de las verdaderas comunidades, no para que un grupo de delincuentes se autodefinan como originarios y empiecen a tomar tierras”.
Asimismo, dijo que el grupo cuenta con el apoyo del dirigente Miguel Plaza, que representa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por último, recalcó que hace diez años que se forma una sociedad ilícita para usurpar sus tierras y muchas otras de los valles que tienen otros dueños, se hacen pasar por comunidades originarias y se amparan en la ley 26.160 que evita el desalojo.
