Ayer, en una audiencia de formalización de la investigación penal dirigida por la jueza federal de garantías N° 2 Mariela Giménez, la auxiliar fiscal Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, imputó a una mujer el delito de transporte de estupefacientes.
Policiales23 de diciembre de 2020
De acuerdo a la exposición, diez horas antes, la acusada -que viajaba de Salta a Tucumán- había sido detenida en el puesto fijo de control que Gendarmería Nacional posee en la localidad de El Naranjo, ubicado sobre la ruta 9/34 en Rosario de la Frontera.
La fiscal explicó que la mujer conducía una camioneta Fiat Toro y transportaba consigo a dos hijos, de 2 y 4 años. Los gendarmes comenzaron a revisar los papeles del vehículo, circunstancias en que notaron cierto nerviosismo por parte de la conductora, por lo que avanzaron con una requisa más profunda del rodado. Fue así como se descubrió un compartimento extra ubicado entre el tanque de combustible y el soporte de la rueda de auxilio. En el mismo se hallaron 75 paquetes, que al ser examinados se constató que contenían 62 kilos y medio de cocaína. La conductora quedó detenida.
Respecto a las medidas de coerción, la fiscal, ante la premisa legal de no separar a la madre de hijos menores de 5 años, solicitó la prisión domiciliaria, la que fue aceptada por la jueza.
La jueza Mariela Giménez avaló el arresto domiciliario, aunque hizo una fuerte advertencia a la imputada sobre la conducta que debe demostrar en adelante. En ese sentido, estimó que se trata de “un delito gravísimo” por tratarse “de un tóxico nocivo y perjudicial para la salud”. Y adelantó que ante “cualquier incumplimiento se procederá a la inmediata revocación” del arresto domiciliario. Finalmente coincidió con las medidas de control requeridas por la fiscalía, autorizó la aplicación de la pulsera electrónica a través del organismo estatal que corresponda, como así también dispuso la intervención del Ministerio Pupilar, ya que se trata de una obligación del Estado velar por los intereses de los menores de edad.
Requirió un estricto control del arresto domiciliario y autorizó la aplicación de una pulsera electrónica para la acusada.
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