El Ejecutivo salteño promulgó la ley 8.256 que autoriza a la administración provincial a comprar vacunas para generar inmunidad contra la COVID-19 en la población salteña.

Durante el debate que se realizó en las dos cámaras de la Legislatura provincial se remarcó que se trata de un marco legal necesario para negociar la compra, suscribir contratos, incluir cláusulas de confidencialidad y de indemnidad patrimonial y también para establecer seguimiento y control. 

La ley autoriza al Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, a suscribir compromisos de actuación conjunta y mancomunada con otras provincias, organizaciones gubernamentales, entidades nacionales e internacionales, universidades o particulares a fin de dar, facilitar o acelerar el cumplimiento del objetivo.

Los contratos y convenios que se celebren deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Provincia y a las autoridades de las dos cámaras legislativas, con los recaudos correspondientes para respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos.

Las facultades y autorizaciones tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la ley nacional 27.541, ampliada por el decreto 260/20 y por la norma que a futuro la prorrogue.

En mayo pasado, el Gobierno salteño hizo pública la intención de comprar un millón de vacunas y señaló que se había iniciado una negociación con la empresa Johnson & Johnson.