La oposición pidió este lunes que se haga justicia en la causa Vialidad tras el pedido de 12 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner hecho por el fiscal Diego Luciani. A través de sus distintas reacciones, representantes contrarios al oficialismo afirmaron que ahora es turno de que los jueces decidan y que podrían sentar un precedente judicial para que “la Argentina está dispuesta a no tolerar más corrupción”.

La vicepresidenta es juzgada por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter: “No hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos”.

En tanto, el diputado nacional Fernando Iglesias pidió condenar a la expresidenta: “Espero que este juicio a Cristina termine en una condena. Y espero que esa condena sea fundacional para que podamos tener una verdadera República”, dijo en Twitter.

En otro mensaje ironizó sobre el pedido del fiscal de decomisar US$1000 millones a los imputados en la causa. “Mal, los fiscales. Eso es juego desleal. Si le quitan la que se llevó se terminan las puebladas. Así, no!”, señaló.

En tanto, el exgobernador de Mendoza y actual titular del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, consideró que los argentinos “solo esperan que se haga justicia”.

En un tuit publicado poco antes del pedido de penas del fiscal Luciani, escribió: “El pedido de Cristina Kirchner para ampliar su indagatoria ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos. La mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y sólo esperan que se haga justicia”.

El fiscal Luciani, en su alegato final, analizó que la causa Vialidad “se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para todos los imputados y el decomiso de US$1000 millones.

La expresidenta es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita. Además suma los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.