Reabrieron una causa por el patrimonio de Cristina Kirchner y un juez promueve su indagatoria por enriquecimiento ilícito

El patrimonio de Cristina Kirchner vuelve a estar en el foco de los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex vicepresidenta, luego de la muerte de Néstor Kirchner, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Julián Ercolini habían entendido que se trataba de detalles menores que no constituían delito. Pero la Unidad de Información Financiera, brazo querellante del Gobierno Nacional, apeló diciendo que no se trató de un simple error.

Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que había que profundizar la investigación y dispusieron hacer un peritaje contable. En minoría, su colega Mariano Llorens, en cambio, sostuvo que había que llamarla ya a indagatoria, sobre la base de una mirada “conglobada” con el resto de los expedientes: se trata, dijo, de “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada”.

 
“Observo que ante un recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa. Más aún, todo lo contrario, a todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

Esta causa no estaba en el radar de nadie. Es un desprendimiento vinculado a los bienes de la ex Presidenta en esos años de la causa conocida como “Hotesur” que llevaba el juez Julián Ercolini. Cristina Kirchner ya había sido investigada tres veces por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, pero todas las investigaciones se dieron cuando su marido era presidente o cuando ella misma ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Todas las causas se cerraron.

      
 
El primero en investigarla fue el propio Ercolini por sus bienes hasta el 2004. El juez dictó su sobreseimiento y la decisión no fue apelada por la fiscalía. La segunda denuncia, impulsada por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, estuvo en manos del del ex juez Rodolfo Canicoba Corral y apuntaba al período 2005 y 2007. La tercera investigación puso en foco el aumento patrimonial del 2008. La causa fue llevada por el fallecido juez Norberto Oyarbide y fue archivada en tiempo récord y sin peritajes.

“Me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner”, llegó a decir Oyarbide, ya alejado de su cargo de juez cuando lo llamaron a declarar por la causa de los Cuadernos. Como arrepentido, el contador de los Kirchner Víctor Manzanares terminaba de declarar que el ex juez Norberto Oyarbide manipuló la pericia que le permitió sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner, pese a que registraron un incremento patrimonial de 158 por ciento solo en 2008. Relató cómo el entonces juez le dio instrucciones sobre cómo debía hacer la pericia de la defensa. Esa pericia fue usada luego por Oyarbide para firmar la declaración de inocencia de los Kirchner pese a la millonaria fortuna que reportaban, tal como reveló por entonces Infobae. A raíz de ello, la Unidad de Información Financiera del gobierno de Mauricio Macri pidió volver a abrir esa causa, bajo el principio de “cosa juzgada írrita”. En octubre de 2020, la jueza María Eugenia Capuchetti desestimó el planteo. La UIF del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no apeló.

La decisión de la Cámara Federal sobre el patrimonio de CFK
      Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens (de izq a derecha) Crédito: Maximiliano Luna
Todo se dio en el marco de una denuncia contra la ex presidenta que nació en 2016 y que puso la lupa sobre inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas de Cristina Fernández, en el período comprendido entre 2010 y 2014 (ambos inclusive). Puntualmente se evaluó la errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández tras la muerte de Néstor Kirchner y la omisión de bienes en esa herencia. Se detectó, además, la “errónea exteriorización de un terreno de 87.000 m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, que Cristina Fernández registró en condominio con la firma Austral Construcciones S.A. a partir del año 2008; y la omisión de declarar plazos fijos y depósitos en dólares estadounidenses en las declaraciones juradas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014″.

El 5 de junio pasado, el juez Ercolini, a pedido del fiscal Pollicita, archivó la denuncia. Según se afirmó, no había delito sino que se trataba de la forma en la que CFK “había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge”. La UIF apeló: sostuvo que no fue un “simple error” y que la ex vicepresidenta “tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio”. Se quejó además de que no se hubiera investigado y afirmó que la valoración acerca de la manera en que se habían efectuado las exteriorizaciones patrimoniales debía ser constatada por un profesional de ciencias económicas.

La defensa de la ex jefa de Estado rechazó el planteo: se afirmó que la querella no había refutado, ni siquiera mínimamente, los argumentos de la fiscalía ni expuesto por qué se concluía que CFK había consignado “maliciosamente” datos falsos en sus DDJJ.

Enriquecimiento ilícito e indagatoria
      Archivo. La presentación del billete de 100 pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner
Al inicio de su voto, Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que no tenían “habilitada la jurisdicción sobre el delito de enriquecimiento ilícito que abarca, también, el objeto de estas actuaciones”: la UIF no había apelado esa cuestión y sólo había hecho hincapié en las inconsistencias de las declaraciones juradas, pero “nada dijo respecto al archivo dispuesto con relación al enriquecimiento ilícito”, dijeron.

“No obstante, sin emitir una opinión al respecto, dado que, como se mencionó anteriormente, estamos limitados por la falta de voluntad recursiva, es importante resaltar que la homologación del archivo en relación con dicho delito no tiene carácter definitivo”, señaló. Fue así que avanzaron en detallar las inconsistencias.

Por su parte, el juez Llorens hizo otra valoración. Aseguró que estas inconsistencias en las declaraciones juradas no resultaban “un hecho aislado”. “Estamos frente a un objeto procesal que se enmarca dentro de un escenario más amplio, que involucra -o debería involucrar- una diversidad de causas de índole patrimonial que se tramitan en su contra”, afirmó. El camarista resaltó que en cualquier empresa criminal el fin último es “generar riqueza para enriquecerse” y “poder continuar el ciclo. Este es el enfoque que debe gobernar el examen de actuaciones como estas”.

“Esta breve introducción me permite justificar por qué me refiero aquí al resto de las investigaciones seguidas en contra de la encausada que se encuentran conectadas objetivamente y subjetivamente con la generación del enriquecimiento ilícito que experimentó Cristina Fernández de Kirchner, su familia y quienes fueron parte sustancial de estas maniobras investigadas” en la causas Hotesur, Los Sauces y Cuadernos, entre otras, “en las que el objeto procesal está conformado por maniobras delictivas tendientes a la generación de dinero ilícito y otras vinculadas con el blanqueamiento de esos fondos. Es por eso que vengo sosteniendo desde hace tiempo -en distintos pronunciamientos- que los hechos que motivaron la formación de esta causa, relacionados con el incremento patrimonial de una funcionaria pública y la exteriorización de su patrimonio, no pueden examinarse en forma separada de aquellas, porque todas se encuentran lógicamente vinculadas”, aseguró.

“La postura adoptada por el fiscal del fuero y recogida por el magistrado de grado se basa en una evaluación parcial de los elementos probatorios del proceso, desconectada del contexto en el que los sucesos habrían tenido lugar, y que redundan en una conclusión sesgada”. Quedó claro, para el juez, que “las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas, tal como lo sostuvo la parte querellante, y que dicha circunstancia es -de por sí- una manifestación visible del desequilibrio entre el patrimonio real de aquella y lo efectivamente declarado”.

“No sólo debe realizarse un abordaje integral de los sucesos aquí pesquisados, sino de todas aquellas acciones que están siendo investigadas en las demás actuaciones que se siguen en su contra, pues con dicha perspectiva es que se entenderá acabadamente el designio criminal perseguido”. En definitiva, observo que ante un recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa”, señaló.

Para Llorens, “a todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo. Tal extremo me conduce a hacer lugar a la apelación efectuada por la parte querellante y a revocar el temperamento adoptado por el juez de primera instancia, que abarca sólo el período comprendido entre los años 2009 y 2015 y no el que fuera objeto del sobreseimiento en las causas nro. 9318/04, 1338/08 y 9423/09, pues en este caso las acusaciones no han, de momento, aportado elementos que lo fulminen bajo los criterios de la cosa juzgada írrita”, se aseguró.

Inconsistencias de las declaraciones juradas y peritaje
      Archivo. La casa de Cristina Kirchner en Calafate, allanada en el marco de la causa cuadernos
Los jueces Bruglia y Bertuzzi afirmaron que al analizar en detalle cada uno de los casos denunciados respecto a la forma en que habría exteriorizado su patrimonio luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, “surgen diversos interrogantes que nos llevarán a revocar” el archivo de la causa. “Advertimos ciertos interrogantes que no han sido dilucidados sobre” el patrimonio de la ex presidenta. “Concretamente, falta determinar si se trata de bienes gananciales o bienes propios de Néstor Kirchner y, a su vez, la razón por la cual Cristina Fernández los declaraba con anterioridad al año 2012 cuando no estaban registrados a su nombre”, observó el tribunal.

Los jueces señalaron además las diferencias advertidas en inmuebles ubicados en la localidad de El Calafate. E incluso diferencias en la declaración sobre los metros cuadrados de una propiedad declarada varias veces en anteriores reportes. “No debe soslayarse la diferencia significativa de metros cuadrados declarada a partir del año 2012, lo que podría impactar, incluso, en el valor asignado a la propiedad. Dicha circunstancia deviene relevante a la hora de tomar un temperamento como el aquí analizado, por lo que, más allá de la variación de la superficie, lo determinante en este punto es verificar si hubo alguna variación en el valor declarado”, dijo la Cámara.

El tribunal también ahondó en la errónea exteriorización de un terreno de 87.000m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, el titular de la acción penal indicó que de la denuncia surgía que desde el año 2008 figuraban como copropietarios Cristina Fernández y Austral Construcciones S.A. del 50% cada uno y que, pese a ello, la aquí imputada nunca habría declarado el bien a su nombre sino que lo habría hecho a nombre de su cónyuge. A su vez, indicó que si bien el inmueble cuestionado había sido exteriorizado como titularidad de Néstor Kirchner cuando correspondía que fuera declarado a nombre de Fernández, lo cierto era que había sido declarado ante la Oficina Anticorrupción en el porcentaje correcto.”

“Aquí, nuevamente, nos encontramos con ciertos aspectos que no se presentan de manera completamente clara. Más allá de la fecha en que habría sido adquirido el terreno, deviene necesario determinar si se trata de un bien ganancial o si es un bien propio de la imputada y, a su vez, la razón por la cual ella declaraba en su propia declaración jurada patrimonial un bien a nombre de otra persona”, se resaltó.

Bruglia y Bertuzzi también apuntaron a la diferencia entre los plazos fijos y los depósitos en dólares declarados en el año 2014 en el proceso sucesorio y lo informado en la Oficina Anticorrupción desde el fallecimiento de Néstor Kirchner.

“Delimitada así la plataforma fáctica bajo análisis, estimamos que los interrogantes planteados impiden homologar una resolución como la que hemos sido llamados a revisar. Bajo este panorama, luce conducente el pedido efectuado por la parte querellante al evidenciarse ciertas cuestiones que requieren el análisis y explicación de un profesional de ciencias económicas. Por tal motivo, procederemos a revocar la resolución en todo cuanto ha sido materia de recurso, debiendo el magistrado de grado ordenar la realización de un peritaje contable estableciendo los puntos de pericia que estime pertinentes, a fin de que un profesional en la materia, proveído de toda la documentación necesaria (declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, copias del juicio sucesorio, etc.), proceda a echar luz sobre las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas aquí denunciadas y, en su caso, las consecuencias impositivas que podrían haber traído aparejadas”, afirmaron.