Al término de la audiencia, el titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, descartó que el aumento que se otorgue sea de acuerdo a la inflación. "Tenemos que fijar un plan regulatorio porque hay demasiados aspectos que fallan. También que considerar las medidas vinculadas de micro medición, saber en qué invierte la empresa y el régimen de subsidio que tenemos que eficientizar, y sobre ese contexto se va a expedir el Ente. El límite es el bolsillo del contribuyente", sostuvo. 

En tanto, durante la audiencia, el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, le endosó la deficiencia en la prestación del servicio a las obras que no concluyeron del Fondo de Reparación Histórica (FRH), Plan Bicentenario, Plan Hábitat y Enhosa. "Si se hubieran finalizado, otras serían las condiciones del servicio que hoy estamos prestando.", dijo el funcionario.

Detalló que por el FRH son siete las obras que fueron licitadas, de las cuales cinco están paralizadas, una en ejecución y otra concluida.

En el Plan 250 millones, las obras se licitaron entre 2015 y se iniciaron entre el 2016 y 2017, de las cuales tres están paralizadas, tres concluidas y una debe reiniciar.

En el Plan Bicentenario cinco obras iniciaron entre 2016 y 2017, de las cuales tres concluyeron y dos están paralizadas. Por el plan Hábitat se iniciaron 13 obras, nueve de ellas concluirán en 60 días, tres están paralizadas y una en análisis de reinicio.

Por Enhosa son tres las obras en ejecución y en etapa de finalización, mientras que las obras del Dique Campo Alegre se encuentran en ejecución.

"Si hubiéramos recibido una empresa con las obras que se tendrían que haber realizado no tendríamos la cantidad de reclamos mensuales que hoy tenemos y que son cerca de 10 mil de usuarios del interior y de Capital", apuntó.

Para mitigar el impacto del aumento, Aguas del Norte propuso no aplicar el aumento a los sectores vulnerables que abarca a 48 mil usuarios; dar continuidad al Plan Salvaguardar, que permitirá que los usuarios que no superen los 12 m3 de consumo no paguen por el servicio y por último habilitar un plan de regularización de deuda para los sectores económicos afectados por la pospandemia.

García Salado, recordó que la empresa tiene 326 mil usuarios, es decir el 63%, que son los que generan ingresos; por el 37% restante no tiene retribución, puesto que corresponden al servicio que se da a los pobladores de los parajes del interior, a través del programa ATLAS (Asistencia Técnica a Localidades Aisladas). 

Indicó que desde el 2018, la empresa no recibe subsidios ni de Provincia ni de Nación.

La audiencia se llevó a cabo en forma virtual. Se inscribieron finalmente 57 personas y expusieron efectivamente 24: de los cuales fueron 9 usuarios particulares, 7 representantes de organizaciones intermedias y 4 funcionarios públicos, más los representantes de la empresa y los defensores de la competencia y de los usuarios.

Se destacó la participación del Consejo de Usuarios que será en adelante un ámbito importante para gestionar de mejor forma la interacción entre los consumidores y la empresa.

Desde ahora el ente tendrá un par de semanas para realizar el estudio técnico sobre el pedido y agregarle una mirada social que tiene una importante relevancia en el marco de la situación económica que atraviesa el país.

Vale mencionar que por primera vez, en una audiencia pública, participó una asociación intermedia como la Fundación Mediterránea que mediante el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) le brinda una mirada objetiva al proceso de revisión tarifaria.