Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) cuestionaron una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que entrará en vigencia desde el 1° de abril y obliga a las empresas alimenticias a ser agentes de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Afirman que les ocasionará inconvenientes financieros y encarecerá el precio de los alimentos para los consumidores, en medio de la escalada inflacionaria.
Se trata de la Resolución General 5329/2023, que tiene el objetivo de ejercer un monitoreo fiscal más exhaustivo y declara agentes de percepción del IVA a las pymes que venden alimentos para consumo humano.
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En este marco, desde CAME y Apymel le hicieron llegar al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, su preocupación por los inconvenientes que generaría la norma en materia de tareas de facturación y en términos financieros. Además pidieron modificaciones para que su aplicación resulte viable.
Desde Apymel advirtieron que para una pequeña empresa “el perjuicio económico es muy grande”, ya que están obligadas a percibir a sus clientes una suma extra de impuesto (3%) e ingresar dicho monto en un plazo de 10 días finalizado el periodo, siendo que la cobranza de esas ventas por lo general ronda en un plazo de entre 45 y 60 días de la fecha de facturación.
