El déficit habitacional es uno de los grandes problemas que arrastra el país, que además se ve potenciado por la crisis económica actual y la inflación acelerada. En ese contexto, la Ley de Alquileres vigente -sancionada durante el gobierno anterior- no cumplió las expectativas, ni de inquilinos ni de propietarios.

Desde hace años está en agenda modificarla o incluso derogarla, pero por distintos motivos nunca se logró tratarla en el Congreso actual. Ahora, sobre el final del mandato de Alberto Fernández, la oposición intenta avanzar con una modificación, que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados.

No obstante, el camino en el Senado no está para nada allanado. Si bien este martes comenzó la labor en comisiones para tratar el proyecto que viene de Diputados, ya hubo diferencias marcadas. En primer lugar, el Frente de Todos planteó algunas modificaciones y aclaró que si no se hacen, no acompañará la propuesta. Pero hubo otro bloque que también optó por la negativa y además va por más: trabaja en una “propuesta superadora”.

Se trata de Unidad Federal, conformado por peronistas disidentes. Lo conforman Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola y María Eugenia Catalfamo. A este grupo hay que sumar a Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, del peronismo cordobés. Desde el bloque confirmaron a TN que “están elaborando una propuesta propia y superadora sobre el tema”.

“Una propuesta que sea más equilibrada para la relación entre las partes”, se explayaron desde los despachos de los legisladores peronistas, aunque no dejaron trascender mayores detalles del proyecto. “Lo están trabajando los senadores”, afirmaron.

Según señalaron fuentes legislativas, el Frente de Todos abrió la posibilidad de continuar el debate sobre la Ley de Alquileres en una próxima reunión que “se dijo podía ser este jueves, pero en los hechos no fue convocado el nuevo plenario, no han puesto fecha aún”. Desde despachos parlamentarios indicaron que podría hacerse la semana que viene. Mientras tanto, se puede presentar las propuestas en el marco del plenario de comisión, cuando esto ocurra.

La iniciativa que trae media sanción de Diputados reforma la norma aprobada en 2019 y establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años. Además, modifica la actualización de los montos, que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema acordado entre las partes.

De esta manera, dispone que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio del contrato, pudiendo basarse en el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También pueden utilizar una combinación de todos los índices.

Entre las principales críticas del Frente de Todos, plantean la asimetría entre propietario e inquilino, donde cuestionan el supuesto principio de colaboración entre ambas partes al momento de elaborar el contrato. También critican la no diferenciación entre locales comerciales y alquileres para vivienda.