El Gobierno tiene 60 días para pagarle a ese organismo pero las prioridades del Gobierno parecen enfocadas en la cuestión electoral.
Economía14 de junio de 2021
El 31 de mayo pasado, sin ninguna estridencia, la Argentina dejo impago el vencimiento de US$2400 millones con el Club de París. Si para el 31 de julio el Gobierno no realiza ese pago o no logra su postergación, la Argentina caerá en default con el conjunto de acreedores que nuclea el Club y que, entre otros estados, incluye a Alemania, Japón, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, España, Italia e Israel.
Bajo las reglas del Club de París, para poder reprogramar ese pago la Argentina necesitaría contar con un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de que tanto el ministro de Economía Martín Guzmán como el Banco Central han señalado la necesidad de contar con un programa más temprano que tarde, la probabilidad de tener un arreglo con el Fondo para fines del mes próximo es baja, por no decir nula.
El ministro de Economía Martín Guzmán y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, señalaron la necesidad de contar con un programa con el FMI más temprano que tarde pero la probabilidad de tener un arreglo con el Fondo para fines de julio es baja. (Foto: Twitter de Martín Guzmán @Martin_M_Guzman).
Alternativamente, la Argentina podría realizar la Revisión Artículo IV del Fondo, una suerte de auditoría periódica que deben realizar los países miembros del organismo y que no entraña condicionalidad alguna. No efectuar esta revisión no comporta ningún tipo de sanción.
Se trata sencillamente de un reporte elaborado por una misión de técnicos del Fondo en el cual se analiza la situación del país en cuestión y lo que a entender del FMI son los principales problemas y desafíos en materia económica.
Ese reporte es debatido en el seno del Directorio Ejecutivo del Fondo, y el Gobierno puede no solamente adjuntar una respuesta a la evaluación del staff del FMI, sino que incluso puede optar por no hacer público el documento. La última revisión Artículo IV se realizó en 2017 antes de que el gobierno de Cambiemos requiriera la asistencia financiera del Fondo en junio de 2018.
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