
En medio de un escándalo, se levantó la sesión de Diputados
En medio de un escándalo, se levantó la sesión de Diputados en la que iban a tratarse dos proyectos que preocupaban al Gobierno
La oposición trabaja en audiencias con empresarios y referentes del campo. La coalición quiere bloquear el aumento del 31% al 33% de la alícuota de derechos de exportación que pagan la harina y el aceite de soja.
Nacionales21 de marzo de 2022Legisladores de Juntos por el Cambio arman reuniones con empresarios y referentes agropecuarios, tras el aumento de retenciones a la harina y el aceite de soja de 31% a 33%. Uno de los encargados de definir la agenda es el diputado nacional de la UCR Ricardo Buryaile, referente del sector agropecuario.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino anticipó que pidieron una ronda de audiencias con los referentes de los bloques del Congreso para impulsar que sean los legisladores y no el Gobierno los que fijen los impuestos para el campo.
El diputado de la UCR Alejandro Cacace presentó un proyecto para que el Congreso rechace el decreto 131/22 que aumentó las retenciones.
Buryaile además presentó en enero un proyecto para cambiar el Código Aduanero y que sea el Congreso el que defina el nivel de los derechos de exportación.
Juntos por el Cambio rechazó la suba de las retenciones al campo: “El Gobierno nacional no tiene facultades constitucionales para subir los derechos de exportación, dado que la ley de Emergencia Económica de 2019 y las facultades delegadas por el Congreso expiraron el 31 de diciembre de 2021″.
Juntos por el Cambio advirtió que “el aumento de dos puntos de los derechos de exportación -de 31 a 33%- a la harina y al aceite de soja debe forzosamente pasar por el Congreso nacional”.
Juntos por el Cambio mencionó sobre la suba de retenciones que “no se puede aducir la suspensión de un beneficio de un decreto de 2020 porque la facultad delegada del Congreso que existía entonces ya no está vigente”.
La coalición opositora calificó la suba de retenciones como parte de “medidas viejas, a destiempo, con falta de legalidad”, consideró que el Gobierno “no tiene las atribuciones, no puede emitir un decreto sobre cuestiones impositivas” y que eso es “nulo de nulidad absoluta”.
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