Esta semana tuvo el respaldo de los gobernadores peronistas y ya hay dictamen de mayoría. El próximo 14 de julio se trataría en el recinto de la cámara alta.
Nacionales 04 de julio de 2022
A nadie hoy en día puede sorprenderle que la cuestión judicial es la obsesión de Cristina Kirchner. Desde el día 1 que asumió el gobierno del Frente de Todos. Cómo está conformada la pirámide del Poder Judicial (Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y fuero federal) y consecuentemente la causas de corrupción durante sus mandatos presidenciales que la incriminan con varios procesamientos. Tanto la vicepresidenta, como sus principales escuderos políticos, instalaron la teoría del lawfare como la guerra jurídica que usaron para perjudicarla.
Una batalla la inició el oficialismo en el Congreso con el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. El gobierno acusa a la Corte Suprema de “meterse por la ventana” en el organismo encargado de controlar a los jueces y fiscales. Mientras en las comisiones de la Cámara de Diputados avanzaba la discusión, la Corte contestó el 16 diciembre pasado con un duro fallo por el cual se declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que fuera impulsada en 2006 por Cristina Kirchner.
A todo esto, en el Senado, el Frente de Todos apura otra iniciativa de peso: ampliar la integración de la Corte Suprema. Claro, en la cámara alta juega de local Cristina Kirchner y contaría con los números necesarios para aprobarla. Distinta será la discusión en Diputados, donde la oposición de Juntos por el Cambio y otros bloques minoritarios harían pesar su rechazo para que fracase la ley.
Mientras el presidente Alberto Fernández apoya con baja intensidad estos proyectos, Cristina Kirchner blindó con el respaldo de los gobernadores peronistas el plan para engordar la composición cortesana. Estos jefes provinciales argumentan que este cambio debe promover la unidad nacional en cumplimiento de tres principios: mayor federalismo, paridad de género entre jueces y juezas y especialidades del derecho bien definidas.
A mediados de mayo pasado, buena parte de estos gobernadores oficialistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el bajo porteño. Con todo cocinado en un borrador redactado por juristas propios y del Instituto Patria, esos mismos dirigentes fueron hasta la Casa Rosada para entregarle el trabajo al presidente Fernández. Poco después, el proyecto oficial aterrizó en la mesa de Entradas del Senado.
El principal cambio que el Congreso deberá discutir es el que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema y lo amplía a 25. La vigente Ley 26.183, de 2006, dispone que el máximo tribunal del país debe estar integrado por cinco jueces y sus decisiones deben tomarse por la mayoría absoluta de sus miembros (tres o más votos coincidentes).
Hoy, esos lugares están ocupados por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda. El quinto puesto quedó vacante luego de la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, ocurrida en noviembre del año pasado.
El artículo 1 del proyecto oficialista modifica el artículo 21 del Decreto Ley 1285/58, texto según Ley 14.467, y propone que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por veinticinco jueces y juezas” y ante ella actuará la Procuración General y la Defensoría Oficial.
No obstante, el modo de organización y funcionamiento de la Corte Suprema deberá estar determinado por “una ley especial” redactada con posterioridad, según establece el último párrafo del primer artículo del proyecto de reforma.
En el segundo artículo, el proyecto establece que “durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas”. Es decir, al menos 13 votos.
El artículo tercero mantiene en su lugar a los actuales cuatro jueces al señalar que “conservarán sus cargos conforme lo estipula el artículo 110 de la Constitución Nacional”, o sea “mientras dure su buena conducta”.
Además, se propone que la cobertura de las 21 vacantes “tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que el resto de los magistrados “se irán integrando conforme sean designados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”.
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