El Gobierno anunció que los hospitales públicos y las universidades nacionales podrán cobrarles aranceles a los extranjeros.
Nacionales04 de diciembre de 2024
Guadalupe Montero
La iniciativa será impulsada a través de un proyecto que modificará la Ley de Migraciones actual y realizará cambios de manera integral en las dos áreas que mencionó el Ejecutivo.
En ese sentido, los organismos nacionales, provinciales y municipales van a determinar las condiciones de la atención a la salud y evaluar el cobro de aranceles. Lo mismo ocurrirá en las casas de altos estudios.
Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa: “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”. También agregó que las medidas, tanto para los hospitales y universidades públicos, será sobre los extranjeros no residentes de la Argentina: “El objetivo de las medidas, como de todas las medidas que tomamos, es avanzar hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”.
“Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran o son tan conocidos en la República Argentina”, señaló el funcionario en referencia a los centros de salud. Para el Gobierno, esta modificación en la ley significará no solo “el ahorro fiscal, sino también una mejor atención para el resto de los argentinos que son residentes”.
Sobre la posibilidad de cobrar aranceles, Adorni dijo: “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, remarcó.
La medida que el Gobierno busca llevar a cabo en las universidades se da tras meses de tensión con las casas de estudio, en medio de las auditorías de la SIGEN.
La movilización está prevista para el jueves desde las 13. Irán las dos vertientes de la CTA, ATE y gremios de la CGT, además de Pablo Moyano, quien avanza en la conformación de un nuevo frente en el sector.
El viernes, el mandatario estará en Montevideo y recibirá la presidencia pro tempore. El objetivo del Ejecutivo es tener un tratado con Estados Unidos, pero las cláusulas del organismo regional no lo permiten.
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