Guadalupe Montero
El Gobierno avanza con la purga de funcionarios en distintas áreas claves del Estado. Según pudo saber Salta+Iva, recortó el 24% de los cargos jerárquicos del PAMI, que habrían sido copados por La Cámpora durante la última administración.
Los nuevos responsables de la obra social de los jubilados y pensionados detectaron que todavía había una treintena de funcionarios jerárquicos -gerentes, subgerentes y directores- que se aferraron a sus puestos después del 10 de diciembre y seguían cobrando sueldos muy altos para el sector público, algo que va contra la premisa de La Libertad Avanza de recortar gastos en el Estado.
Los 30 funcionarios apuntados tienen cargos políticos; es decir que fueron nombrados a dedo durante la gestión de Luana Volnovich a cargo del PAMI. Volnovich es militante camporista y una de las dirigentes de mayor confianza de Máximo Kirchner.
Según fuentes de Casa Rosada, esta fue la primera tanda de despidos, pero no la última: también detectaron “ñoquis” en la estructura del programa de atención médica, por lo que de ese 24% (de cargos jerárquicos) inicial se podría pasar al 33% en las próximas semanas.
En paralelo, la agencia que ahora dirige Esteban Leguizamo implementará una serie de restricciones para un porcentaje del personal que cobra salarios sin cumplir con su trabajo. Se tratan de personas que fueron detectadas a través de un nuevo mecanismo de presencialidad.
A fines de noviembre, tras ganar el balotaje, Javier Milei había hablado sobre el PAMI: el libertario aclaró que la obra social seguirá funcionando, pero “va a eficientizarla” y dijo que recompondrá la base de ingresos del financiamiento de los haberes de jubilados y pensionados. “El PAMI va a seguir, pero va a ser eficiente”. El libertario confirmó que no lo eliminará, pero “se termina el robo”.
Hace unos días, en la misma línea, el Gobierno auditó a la secretaría de Comunicación y cree que podría funcionar con 50 de los 500 empleados que tiene. Milei envió a un especialista para que estudie a los integrantes y la composición de la cartera que preside Eduardo Serenellini.
Se analizaron los perfiles sobre los empleados y se diferenció a los neutrales de los militantes. La idea del Gobierno es desafectar a los que creen que pueden espiarlos, así como a los que no cumplen con sus horas de trabajo y sostener a los que consideran eficientes.
La línea que mantienen desde el Gobierno es que “el que trabaja sigue y el que es militante kirchnerista se va”. Desde el Gobierno contaron que encontraron más de 40 empleados por cada “raviol” de la cartera y acusan a algunos de poner una “PyMe familiar” en cada área.
