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Un juez de la Suprema Corte le devolvió los derechos políticos al expresidente y dijo que sus casos deben ser investigados nuevamente en una corte federal por supuesta parcialidad.
Mundo09 de marzo de 2021
Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló cuatro procesos en los que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado por corrupción en la Operación Lava Jato en Curitiba, permitiéndole inmediatamente al líder del Partido de los Trabajadores volver a disputar una elección.
El ministro de la corte Edson Fachin declaró “incompetente” al tribunal federal de Curitiba, que en el pasado tuvo a Sergio Moro como titular y juzgó a Lula en los casos del tríplex de Guarujá, del sitio de Atibiaia y dos casos al instituto Lula, vinculados a donaciones y a la cesión de un terreno.
Tras la decisión, una medida cautelar, Lula recuperó inmediatamente sus derechos políticos, lo que le permitiría competir electoralmente en 2022, en unas elecciones en las que se espera que el presidente brasileño Jair Bolsonaro busque la reelección.
La defensa de Lula venía alegando ante la Corte que las demandas contra Lula estaban contaminadas, en parte, debido a la supuesta parcialidad parcialidad de los fiscales y de Moro en el manejo de las investigaciones.
Lula no fue absuelto. La decisión de Fachin fue estrictamente procesual, sin un análisis del mérito de las acusaciones ni de las condenas. El juez determinó que los procesos deben pasar a un fuero en el distrito federal, Brasilia, donde un juez tendrá que decidir si las condenas serán convalidadas o no. Además, podrá decidir reaprovechar las pruebas o descartarlas.
El magistrado entendió que los casos en los que el líder del PT fue juzgado no tienen relación directa con la petrolera Petrobras y, por lo tanto, no podrían haber sido juzgados en Curitiba.
En una decisión de 46 páginas, el juez resaltó que en la acción penal del tríplex de Guarujá el único punto de contacto entre los hechos narrados en la denuncia y la competencia de Curitiba para juzgar fue que el grupo OAS pertenecía al grupo de empresas que actuaba de forma ilícita en contrataciones con la petrolera estatal Petrobras.

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