
La restricción está contenida en un decreto publicado en el Boletín Oficial. Incluye a la mayoría de las actividades, entre ellas la educación y el transporte.
Se trata de una normativa que busca erradicar los casos de violencia de género en el sector público nacional.
Nacionales26 de octubre de 2021El Gobierno nacional aprobó este lunes un protocolo para tratar y denunciar los casos de violencia de género que ocurren en el ámbito del sector público nacional.
A través de la Decisión Administrativa 1012/2021, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, se oficializó el “Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público Nacional”. Esta es una normativa elaborada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, y por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El texto, que lleva las firmas de la titular de esta cartera, Elizabeth Gómez Alcorta, y del jefe de gabinete, Juan Manzur, define a la violencia de género como una “conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así, la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres y LGTBI+”.
En este sentido, el objetivo del protocolo es “promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones por motivos de género”, para lo cual se llevarán adelante “acciones de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje integral de la violencia y acoso laboral” destinadas a aquellas personas que padezcan este tipo de situaciones “propiciando la tramitación de actuaciones administrativas en los casos que correspondiere”.
La normativa aplicará para “todas las personas que están vinculadas laboralmente al Sector Público Nacional”, independientemente de su cargo, sus labores, su antigüedad o del tipo de contrato que tengan. “El Protocolo deberá adaptarse conforme las normas de negociación colectiva y los convenios de trabajo vigentes, según el tipo de entidad de que se trate”, aclara el texto.
En este sentido, cuando se realice una denuncia por violencia de género, el organismo en el que la persona trabaja deberá acompañarla a través de la “escucha activa y empática”, dándole “contención y orientación” y preservando su confidencialidad.
La restricción está contenida en un decreto publicado en el Boletín Oficial. Incluye a la mayoría de las actividades, entre ellas la educación y el transporte.
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