El gobierno nacional le envió este miércoles una carta a las cámaras que nuclean los colegios privados para que garanticen las clases virtuales en La Ciudad de Buenos Aires hasta el 30 de abril y les advirtió que el incumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la modalidad presencial “podría encuadrarse en los delitos de desobediencia civil y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia”.
Según el gobierno, la misiva tuvo como objetivo hacerle saber a las cámaras del sector la plena vigencia del DNU que dispuso nuevas restricciones en el AMBA, entre ellas la suspensión de las clases presenciales durante 15 días. Además, las distintas asociaciones fueron convocadas a una reunión este jueves.
De este modo, de acuerdo a la visión oficial, “se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires” que ratificaron la apertura de las aulas en desafío a la medida decidida por el presidente Alberto Fernández.
“El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial, lo que expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”, indicó el gobierno.
